El caso Tech Security promete escalar, pero el Gobierno de Javier Milei eligió un camino claro: minimizar el escándalo y empoderar a uno de sus alfiles más cercanos, Martín Menem. El presidente de la Cámara de Diputados quedó en el centro de la polémica por haber contratado sin licitación a una firma de seguridad con vínculos oscuros y sin antecedentes suficientes, pero desde la Casa Rosada no sólo lo defendieron… lo blindaron. La revelación de los contratos irregulares con Tech Security —empresa que se hizo cargo de la seguridad del Congreso sin el debido proceso administrativo— encendió alarmas tanto en la oposición como en sectores del oficialismo. No sólo por la opacidad de la adjudicación, sino por las sospechas de que la firma formaría parte de un entramado de vigilancia y monitoreo “por afuera” del circuito institucional. Sin embargo, lejos de abrir sumarios o exigir explicaciones, el Ejecutivo eligió cerrar filas. Voceros del Gobierno salieron a respaldar a Menem y a bajarle el tono al escándalo, en un claro intento por evitar fisuras internas en la recta final del cierre de listas. En la práctica, el mensaje es contundente: no importa qué tan grave sea la denuncia, si sos parte del núcleo duro, te cubren. Esta actitud no pasó desapercibida. Legisladores opositores del peronismo, la UCR y otros espacios salieron a exigir informes, y ya circulan pedidos para crear una comisión investigadora que analice si Tech Security forma parte de un dispositivo de inteligencia ilegal financiado con fondos públicos. "¿Quién controla a los que nos controlan?", se preguntó un diputado con ironía, mientras señalaba que la empresa ni siquiera está inscripta en los registros oficiales que exige la Ley de Seguridad Privada.     Mientras tanto, Martín Menem se mueve como si nada. No sólo conserva su cargo, sino que sigue ocupando un lugar clave en las negociaciones electorales de La Libertad Avanza. El escándalo, lejos de erosionarlo, parece haberlo consolidado dentro del círculo más cerrado del mileísmo. Una señal preocupante para quienes aún esperan algo de institucionalidad en medio del caos. La impunidad, en este caso, no es sólo una consecuencia: es una estrategia. El Gobierno apuesta al desgaste mediático, a que la noticia se diluya y a que el escándalo se convierta en una anécdota más. Pero el caso Tech Security podría ser el germen de algo más grave: el uso de fondos públicos para crear una red de espionaje político al servicio del poder.     ¡No te pierdas ningún detalle de la política argentina y mundial! Síguenos en nuestro canal de WhatsApp: Canal WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBqLhV4tRroiQaqOB0M Y en nuestra: Red X (EX Twitter): https://x.com/El_Pulso_P