En medio de la estrategia oficial para contener la inflación a través de techos paritarios estrictos, el secretario general de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), Armando Cavalieri, lanzó un mensaje directo al Gobierno: el aumento pactado en la última paritaria, aunque no esté homologado por el Ministerio de Trabajo, se va a pagar igual. “Ya está todo hablado con los supermercados y comercios. Se comprometieron a liquidarlo esta misma semana”, aseguró Cavalieri en un tono desafiante, en respuesta a la decisión de la Secretaría de Trabajo —bajo control del Ministerio de Economía— de no convalidar el entendimiento salarial. El aumento alcanza un 5,4% para el trimestre abril-junio, dividido en tres tramos (1,9% en abril, 1,8% en mayo y 1,7% en junio), más sumas fijas que se incorporarían al básico en julio. Desde el Gobierno, la orden es clara: sólo se avalarán acuerdos que no superen un 1% mensual, en línea con la hoja de ruta del ministro Luis Caputo, que busca reducir la inflación a un dígito lo antes posible. En ese marco, el acuerdo de Comercio fue considerado “fuera de rango”.  Presión empresarial y pulseada política Más allá del desacuerdo con el Ejecutivo, Cavalieri aseguró que las cámaras empresariales firmantes —CAC, CAME y UDECA— ya dieron el visto bueno para aplicar el incremento. “No es una diferencia abismal. Para un supermercado, pagar un 1% más no es una catástrofe. Lo que no podemos permitir es que los trabajadores sigan perdiendo”, remarcó el dirigente, que también hizo notar que el gremio arrastra una pérdida salarial del 20% en el primer trimestre. Esta postura deja al descubierto la tensión entre los gremios tradicionales y el Gobierno de Javier Milei, que mantiene un vínculo frío —y en muchos casos hostil— con las estructuras sindicales. Mientras tanto, la Secretaría de Trabajo, encabezada por Julio Cordero, anunció que llamará a una mesa de renegociación, aunque FAECYS aclaró que no recibió ninguna invitación formal y que “no asistirían si el objetivo es imponer un ajuste”. En paralelo, el gremio activó el estado de alerta y convocó a asambleas informativas en lugares de trabajo para garantizar el cumplimiento del aumento.  El trasfondo económico El conflicto se da en un momento clave para la política económica del oficialismo. El Gobierno celebra una desaceleración sostenida de la inflación —abril cerró apenas por encima del 8%— y apunta a que la suba de precios se ubique en torno al 5% en el invierno. Para lograrlo, una de las herramientas principales ha sido el control de la masa salarial. Este episodio con Comercio podría ser el primero de varios focos de tensión con gremios grandes, que no están dispuestos a convalidar techos paritarios tan bajos, especialmente luego de una licuación del poder adquisitivo histórica en el último semestre.