La crisis en la industria láctea argentina se agudiza con la decisión de Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA) de paralizar por 30 días la producción en sus plantas de Morteros (Córdoba) y Arenaza (Buenos Aires). La empresa, propiedad de accionistas del Vicentin Family Group y gerenciada por la firma venezolana Maralac, elabora productos bajo marcas que había adquirido a SanCor, como SanCor Yogs, SanCor Vida, SanCor Shimy y Sancorito. ARSA atraviesa una situación financiera crítica. Desde hace tres meses, los 200 trabajadores de la empresa han recibido menos de la mitad de sus salarios, y las plantas han sufrido cortes de electricidad por falta de pago. Además, la planta de Córdoba enfrenta embargos judiciales derivados de reclamos laborales. La empresa se encuentra en concurso preventivo desde diciembre de 2023, y en marzo de 2024 la Justicia convalidó el trámite. En ese momento, ARSA argumentó que la medida fue consecuencia de los problemas financieros derivados del contexto macroeconómico, que provocaron un aumento constante de los costos operativos y una fuerte caída de ventas. La paralización de ARSA se suma a una serie de dificultades que enfrenta la industria láctea argentina. Según datos del sector, las ventas de productos lácteos cayeron un 17,3% en el primer semestre de 2025, con una caída del 51% en postres y yogures. Además, la cooperativa SanCor, que llegó a procesar 4 millones de litros de leche diarios, redujo su producción a apenas 70.000 litros diarios en 2025, y despidió a sus últimos 300 empleados en sus plantas de Córdoba y Santa Fe. La situación de ARSA y SanCor refleja la profunda crisis que atraviesa la industria láctea argentina, afectada por la caída del consumo interno, el aumento de los costos operativos y la falta de financiamiento. La incertidumbre sobre el futuro del sector crece, mientras los trabajadores y las comunidades afectadas esperan respuestas y soluciones.