Tras varios días de tensión en el predio de La Salada, uno de los mercados populares más grandes de Latinoamérica, Axel Kicillof salió a marcar posición. Lo hizo con un mensaje que busca equilibrio: ratificó la necesidad de que el centro comercial vuelva a abrir, pero bajo condiciones claras de legalidad, seguridad y regulación. “Coincidimos los tres niveles del Estado en que debe reabrir, pero con los controles necesarios”, afirmó el gobernador, en referencia al operativo conjunto entre Nación, Provincia y el municipio de Lomas de Zamora, donde se ubica el predio. La Salada quedó en el centro de la escena luego de que la Justicia federal ordenara un allanamiento por denuncias de venta ilegal, evasión y ocupación indebida del espacio público. El operativo, que incluyó un importante despliegue de Gendarmería y Policía Bonaerense, desató el enojo de miles de puesteros que aseguran estar siendo desplazados sin previo aviso. Kicillof intentó calmar las aguas con un mensaje que busca contener el reclamo de los trabajadores y, al mismo tiempo, marcar distancia de cualquier intento de desregulación total. “Hay que encontrar un camino donde se respeten las normas, pero sin perseguir a quienes trabajan”, explicó. En paralelo, en el oficialismo bonaerense circula la preocupación por el impacto social del conflicto. La Salada mueve millones de pesos al día, da empleo directo e indirecto a miles de personas y tiene un peso clave en la economía informal del conurbano. Por eso, la intervención estatal se vuelve una cuestión política sensible. Desde el entorno del gobernador reconocen que el tema fue abordado en las últimas reuniones con intendentes y funcionarios del área de Seguridad. “No podemos permitir zonas liberadas, pero tampoco podemos cerrar los ojos frente a la situación económica de la gente”, plantean. Por su parte, algunos sectores de La Libertad Avanza presionan para mantener el cierre y avanzar con una reforma del comercio informal, mientras que desde la oposición peronista acusan al Gobierno nacional de “criminalizar la pobreza”. El caso La Salada promete seguir dando que hablar. En el medio, miles de trabajadores esperan una definición que les devuelva su fuente de ingresos, mientras los gobiernos caminan una delgada línea entre el orden y la contención social.