Provincias y CABA

Mano dura en Mendoza: sanciones económicas para los funcionarios que no cumplan con su deber

El gobernador Alfredo Cornejo impulsa un proyecto inédito en la provincia para castigar con descuentos salariales a los empleados públicos que no acaten órdenes o demoren expedientes. Advertencia para la burocracia estatal en medio del ajuste.

  • 22/06/2025 • 14:27

Mendoza quiere convertirse en la primera provincia en aplicar un régimen de sanciones económicas directas a los funcionarios y empleados públicos que no cumplan con sus funciones de manera diligente. El proyecto, presentado por el oficialismo que responde al gobernador radical Alfredo Cornejo, contempla descuentos de haberes y otras penalidades para aquellos agentes que incurran en “incumplimiento de deberes” o “negligencia administrativa”.

La iniciativa ya genera ruido en los gremios estatales, que advierten sobre posibles abusos y arbitrariedades. “El Estado no puede convertirse en un patrón de estancia que castiga discrecionalmente a sus trabajadores”, señalaron desde ATE Mendoza, mientras preparan recursos legales si la norma avanza.

Según el texto del proyecto, los superiores jerárquicos podrán sancionar a empleados que se nieguen a realizar tareas, retarden injustificadamente la tramitación de expedientes o incumplan con órdenes debidamente impartidas. Las multas podrían implicar quitas salariales de hasta el 30% del sueldo mensual.

Desde la Casa de Gobierno provincial justifican la medida como un intento de modernizar y eficientizar la administración pública. “Hay una cultura de la impunidad y la desidia en el aparato estatal que tiene que terminar. El que no trabaja o demora los trámites de los mendocinos va a ser sancionado económicamente”, afirmaron desde el círculo de confianza de Cornejo.

El proyecto se inscribe en el clima de ajuste y recorte que atraviesa todo el país, y en el intento de los gobernadores de alinear las cuentas fiscales tras la poda de recursos nacionales impulsada por Javier Milei. Para la oposición, sin embargo, se trata de una avanzada que busca disciplinar políticamente a los empleados públicos. “Esto puede ser usado para castigar a quienes piensan distinto o resisten las órdenes del Ejecutivo”, cuestionaron desde el PJ local.

En los próximos días comenzará el debate legislativo, que promete ser áspero. Mientras tanto, en los pasillos de la administración pública mendocina ya circula un mensaje claro: se terminó la época de mirar para otro lado.