El drama sanitario más grave de los últimos años sigue sumando víctimas: ya son 47 los fallecidos en todo el país por haber recibido dosis de fentanilo contaminado provistas por el laboratorio HLB Pharma Group. La situación generó conmoción en el ámbito médico y encendió todas las alarmas en el Gobierno, que instruyó a la ANMAT para que avance con la investigación sobre la trazabilidad de los lotes involucrados. El caso se destapó tras detectar una serie de muertes inusuales en pacientes postquirúrgicos, todos tratados con ampollas del analgésico fentanilo 0,05 mg/ml, pertenecientes al lote 2433F23, retirado del mercado de forma urgente la semana pasada. Sin embargo, la ola de decesos no se detuvo y los informes de hospitales y clínicas de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe muestran un patrón común: cuadros de intoxicación severa, fallas respiratorias y paros cardíacos poco habituales en pacientes sin antecedentes graves. El Ministerio de Salud confirmó que la sustancia fue alterada con trazas de propilenglicol en niveles tóxicos, compuesto que no debió haber estado presente en esa formulación. Las sospechas recaen no sólo sobre los controles internos de HLB Pharma, sino también sobre eventuales omisiones en las auditorías de calidad previas a la distribución nacional. Fuentes oficiales admitieron en reserva que podría haber existido una falla humana o un sabotaje interno en la cadena de producción. Mientras tanto, la Justicia Federal inició una causa por “envenenamiento agravado”, figura penal que prevé duras condenas. Desde la Casa Rosada buscan contener el escándalo y evitar un impacto político mayor. El propio vocero presidencial prometió "sanciones ejemplares" si se comprueban responsabilidades de la empresa. En tanto, los gremios de la salud exigen medidas de protección y auditorías externas en todos los laboratorios que proveen medicamentos críticos. Las clínicas privadas advirtieron además sobre la posibilidad de desabastecimiento de fentanilo, insumo clave en anestesias y cuidados intensivos. Mientras tanto, familiares de las víctimas analizan impulsar demandas colectivas millonarias contra el laboratorio. El caso reabre el debate sobre la seguridad en la industria farmacéutica argentina y la capacidad de control del Estado sobre los medicamentos de alta sensibilidad. Una tragedia que sacude al sistema de salud y que promete derivaciones judiciales, políticas y económicas de gran alcance.