Cristina Fernández de Kirchner presentó una recusación formal contra el juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, en el marco del proceso por la causa Vialidad, donde fue condenada en primera instancia a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El eje del pedido está en recientes declaraciones del magistrado, que según la defensa afectan su imparcialidad y anticipan su postura antes del fallo. “El juez ha exteriorizado una opinión anticipada y ha fijado plazos públicos sobre una causa que debe tratar con absoluta reserva”, argumentaron los abogados de la expresidenta, refiriéndose a una entrevista que Lorenzetti brindó días atrás a América 24. En esa nota, el juez pidió “no demorar más” la definición del máximo tribunal sobre el recurso presentado por CFK, y deslizó que debería resolverse “antes de las elecciones de medio término”. En paralelo, los letrados remarcaron una supuesta cercanía entre Lorenzetti y el oficialismo, haciendo alusión a encuentros privados con el presidente Javier Milei y ministros del gabinete nacional. “La imparcialidad está severamente comprometida”, fue uno de los ejes centrales del planteo, que ya fue presentado formalmente ante la Corte. La recusación abre un nuevo capítulo institucional: si se acepta, Lorenzetti deberá apartarse del expediente, lo que dejaría al tribunal con solo dos miembros habilitados para decidir —Rosenkrantz y Rosatti— y exigiría convocar conjueces. Esto podría frenar el calendario de definiciones judiciales y tener impacto electoral, en caso de que CFK decida postularse. Desde el entorno de la exmandataria aseguran que hay una “estrategia de proscripción en marcha” y advierten que la Justicia está siendo utilizada como herramienta de disciplinamiento político. “Proscribir es el verbo, y el sujeto es el peronismo”, lanzó la vicepresidenta en sus últimas apariciones públicas. La causa Vialidad, que investiga supuestas irregularidades en la asignación de obra pública en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas, fue el eje de la condena dictada en 2022 y ratificada en segunda instancia en 2024. La Corte ahora tiene la última palabra. Mientras tanto, el clima electoral se enrarece. Con las legislativas en el horizonte y el peronismo aún sin definir candidaturas, la eventual confirmación de la pena a Cristina la dejaría automáticamente fuera de competencia.