Un nuevo capítulo en la *causa judicial más costosa de la historia argentina* acaba de escribirse en los tribunales de Nueva York. La jueza Loretta Preska ordenó que *Argentina transfiera el 51% de las acciones de YPF* —hoy en manos del Estado— a la firma Burford Capital, fondo que compró los derechos de litigio de los antiguos accionistas afectados por la expropiación de 2012.                             El fallo se conoció este lunes y *sacudió al oficialismo, que no apeló en tiempo y forma la sentencia inicial. Aunque desde el Gobierno de Javier Milei afirman que la orden aún no es ejecutable y que buscarán frenarla, la decisión marca un **precedente gravísimo: si se concreta, el país podría **perder el control de su principal empresa energética.*   *¿Cómo se llegó a esto?* Todo comenzó en 2012, cuando el entonces gobierno de Cristina Kirchner expropió el 51% de YPF que estaba en manos de Repsol. Pero lo hizo sin lanzar una oferta pública obligatoria para el resto de los accionistas, como exige el estatuto de la empresa. Ahí entró Burford Capital, un fondo buitre especializado en litigios, que compró los derechos de Petersen Energía —la firma de los Eskenazi que tenía parte del capital— y demandó a la Argentina en Nueva York. En septiembre de 2023, Preska falló a favor de Burford y condenó al Estado argentino a pagar *más de 16.000 millones de dólares. Ahora, el nuevo giro implica que, ante la falta de pago, el fondo pueda **reclamar directamente las acciones que posee el Estado en YPF*.  *¿Qué dice el Gobierno?* Desde el oficialismo aclararon que el fallo “no es definitivo”, y que “aún queda una instancia para discutir la ejecución de la orden”. Sin embargo, *la apelación a la sentencia original no fue presentada a tiempo*, lo que deja a Argentina en una posición débil frente al reclamo. Mientras tanto, *en los mercados internacionales crece el ruido*. El valor de los bonos argentinos volvió a caer y las acciones de YPF cotizaron en baja ante el temor de una ofensiva judicial de Burford en tribunales de distintos países para ejecutar la orden. La noticia tomó por sorpresa a la Casa Rosada. La oposición ya salió a responsabilizar a Milei por no haber apelado, mientras que sectores del peronismo —incluyendo referentes del kirchnerismo— recuerdan que la decisión original de estatizar YPF fue “estratégica y soberana”. Desde la Coalición Cívica, en cambio, apuntan contra ambos: “lo de Cristina fue ilegal, y lo de Milei, negligente”.  Argentina, una vez más, en el banquillo de los litigios internacionales. Y esta vez, con la joya energética del Estado en juego.