En los últimos días, *una serie de episodios de violencia política y social volvieron a encender las alarmas* en distintos sectores del arco político. Funcionarios, periodistas, dirigentes sociales y hasta militantes fueron blanco de amenazas, escraches o directamente agresiones físicas. En paralelo, *el Gobierno de Javier Milei evita pronunciarse*, y crecen las voces que advierten sobre el peligro de una escalada.                                   La situación *no es nueva, pero se profundiza* en un contexto donde el discurso público está atravesado por la confrontación constante, la deslegitimación del otro y una narrativa de “enemigos internos”.                                             Entre los hechos más recientes: – El ataque con gas pimienta a una senadora en pleno acto en el interior. – Amenazas a periodistas que cubren el Congreso. – Agresiones físicas a manifestantes en marchas contra el ajuste. – Intimidaciones anónimas a dirigentes sociales y sindicales. Todo esto ocurre *mientras desde el Gobierno se insiste con el discurso de la “batalla cultural”*, y se descalifica públicamente a opositores, artistas, académicos o sindicalistas con términos como “ratas”, “delincuentes”, “parásitos” o “terroristas económicos”.   *¿Qué rol cumple Milei en este clima?*   Para muchos analistas y sectores políticos, *el Presidente es parte del problema. No solo por su retórica, sino por **su negativa sistemática a condenar los hechos de violencia*. > “Cuando el que gobierna usa el odio como herramienta, lo que crece no es la libertad, sino el miedo”, dijo un diputado peronista que pidió reserva. Desde el oficialismo, en cambio, se minimizan los hechos y se asegura que “hay provocaciones de ambos lados”. Pero la escalada preocupa incluso a sectores moderados, que ven con inquietud *la falta de llamados a la calma por parte de quienes deberían garantizar la paz pública.*   *La democracia bajo tensión* Organismos de derechos humanos, ONGs y espacios de la sociedad civil alertan sobre *el deterioro del debate público* y el riesgo de que la violencia simbólica se transforme en violencia real. También dentro del Congreso se multiplican los pedidos para que el Ejecutivo *repudie explícitamente las amenazas y agresiones*, y convoque a un mínimo consenso de convivencia democrática.   *La pregunta que recorre la política es tan sencilla como urgente: ¿qué estamos dispuestos a hacer para frenar el odio?* Porque cuando el que tiene el poder lo alimenta, el daño ya no tiene vuelta atrás.