En una demostración de desafío al Parlamento, el Gobierno avanzó hoy con su plan de recorte y concentración de poder en el área agroindustrial: publicó el Decreto 571/2025, que elimina por completo la Dirección Nacional del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), transfiriendo sus funciones directamente a la Presidencia del organismo. .   Este movimiento llega apenas una semana después de que la Cámara de Diputados le propinara un fuerte revés al Ejecutivo, rechazando por amplia mayoría el Decreto 462/2025, que buscaba transformar al INTA en una entidad "desconcentrada" dependiente del Ministerio de Agricultura. El resultado fue contundente: 141 votos a favor del rechazo, 65 en contra y una abstención. Un golpe político difícil de obviar.    El Ejecutivo, sin embargo, se sostiene en la pretensión de que sus medidas fueron amparadas por facultades delegadas conferidas por la llamada “ley bases”. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, desestimó la validez del rechazo legislativo: “Si te delegan y después te rechazan cuando utilizás la delegación, es como una cosa medio ilógica”, sostuvo, reafirmando la decisión de avanzar sin retroceder.    El desguace institucional no se limita al INTA. En la misma sesión, la Cámara rechazó otros decretos que apuntaban a reestructurar o disolver el INTI, Vialidad Nacional, la Marina Mercante, el Banco Nacional de Datos Genéticos, y organismos culturales como el INT y la Conabip. . Lejos de amainar la ofensiva, el Gobierno continúa aplicando el plan de “motosierra” anunciado como método para reducir el Estado.    La velocidad del desmantelamiento ha provocado alarma en centros de investigación y áreas productivas. El INTA, con más de 7.000 técnicos e investigadores distribuidos en todo el país, podría perder su independencia operativa y científica si permanece bajo control centralizado. El esquema de cogobierno vigente, con representación de actores del agro, universidades y el Estado, está en jaque.    Mientras tanto, la Cámara de Senadores se prepara para asumir la decisión final. Si confirma el rechazo, el decreto quedará sin efecto. Pero si accede al pedido presidencial, se abrirá una puerta judicial que pondría al INTA y a otras instituciones estratégicas en un limbo prolongado.   En definitiva, el Gobierno actúa con determinación unilateral para avanzar con sus reformas estructurales. Lo que se anuncia como modernización o eficiencia, desde distintas miradas se lee como centralización del Estado, debilitamiento técnico y marginación de la voz de la ciencia pública. Y todo, mientras el Congreso demuestra que, aunque sin mayoría propia, aún puede disputar el rumbo institucional del país.         Canal WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBqLhV4tRroiQaqOB0M Y en nuestra: Red X (EX Twitter): https://x.com/El_Pulso_P