En medio del escándalo por las coimas y los audios, (podés leer: ¨Nuevos audios hunden al oficialismo: Spagnuolo suma insultos y munición política¨). Diego Spagnuolo dejó en marcha una auditoría que coloca a medio millón de personas con discapacidad al borde de perder su pensión. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, admitió ante el Congreso que la ANDIS ya está en condiciones de dar de baja a 500 mil beneficiarios que no recibieron una carta documento con la convocación a una revisión médica obligatoria. Esa inasistencia, según un decreto firmado por Federico Sturzenegger en septiembre del año pasado, es motivo suficiente para cancelar el beneficio  . La operación tuvo nombre interno: fue el “plan motosierra”. En su presupuesto de 2025, el Gobierno proyecta reducir las pensiones de 1.266.945 a solo 749.451. El ajuste ya estaba decidido de antemano, con nuevas causales de baja plantadas por el Ejecutivo y una auditoría diseñada, justamente, para acelerar su implementación  .   Según el informe de Francos, la auditoría arrojó hasta ahora los siguientes resultados: *De las 997.654 cartas documento enviadas por la Andis, rebotaron 504.802 *Sólo acudieron a iniciar los trámites unas 451.579 personas *Sólo 40 mil personas recibieron la notificación y decidieron no auditarse.  *Hasta ahora, aprovechando el decreto de Sturzenegger, el Gobierno ya lleva recortadas 111.463 pensiones. Y contando.    Según los registros de Francos, miles de cartas nunca llegaron a destino: más de 504 mil rebotaron, solo 451 mil personas iniciaron algún trámite y apenas 40 mil fueron notificadas y decidieron no continuar el proceso. Hasta ahora, se redujeron más de 111 mil pensiones siguiendo ese mecanismo  .   Los trabajadores de ANDIS denuncian que el operativo fue arbitrario y tuvo consecuencias reales. Entre 200 y 300 personas por día se acercan a la sede de la agencia para preguntar por qué dejaron de cobrar. Los testimonios reflejan la gravedad institucional: la mayoría no sabía que estaba auditado y se enteró de la pérdida del beneficio al ir al cajero. Muchos ni recibieron comunicaciones y fueron excluidos sin comprender su situación o poder defenderse  .   Esta auditoría no fue un error técnico sino una excusa institucional. Desde junio, hubo presión dentro del organismo para trabajar días extra y dar de baja expedientes “al voleo”, sin contacto con los beneficiarios. La política pública funcionó como un proceso automatizado, eficiente para recortar derechos, pero brutal en impacto social  .   Spagnuolo llegó a confesar en los audios que “bajar las pensiones es tarea mía”, afirmando que el ministro desregulador quería participar activamente del proceso. El diseño apuntaba a ajustar, no mejorar gestión. Y mientras la cifra de beneficiarios se mermaba, no se detectaron irregularidades masivas: solo 7.211 pensiones por fallecimiento y 9.027 por renuncia voluntaria; un dato insignificante en el total de más de un millón  .   Este episodio pone en primer plano la tensión entre la eficacia administrativa y el derecho social. Por un lado, el Ejecutivo acelera un ajuste estructural apoyado en auditorías técnicas. Por otro, expone un sistema que amenaza con excluir de manera masiva a personas que requieren cuidados permanentes.         Canal WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBqLhV4tRroiQaqOB0M Y en nuestra: Red X (EX Twitter): https://x.com/El_Pulso_P