En un giro que recuerda a los viejos envíos de Radio Colonia durante la dictadura, el Gobierno logró que un juez federal dictara una cautelar que prohíbe difundir en Argentina los audios donde se revelan diálogos clave en la Casa Rosada. (Leé: ¨La Justicia ordena frenar la difusión de los audios de Karina Milei¨).   Sin embargo, el efecto de esta medida es prácticamente nulo frente a la decisión de la radio uruguaya M24, que anunció en sus redes sociales que transmitirá los audios contando con respaldo digital internacional e impunidad jurisdiccional. “Audiogate Argentina: mañana te vamos a pasar los últimos audios”, promocionó la emisora, haciendo evidente que la censura local no alcanza donde la voz aún puede fluir libre.     La radio uruguaya transmite desde Montevideo y Maldonado vía FM y su señal online es accesible desde cualquier tipo de dispositivo,  a través de su página web, con un alcance a cualquier parte del mundo, incluyendo la Argentina, y deja sin efecto práctico la medida cautelar local.. Esta estrategia hace que la decisión judicial argentina quede sin efecto práctico, generando una grieta informativa: los audios están disponibles fuera del territorio, y cualquier ciudadano con acceso a internet puede escucharlos sin restricción alguna.     Esta apertura mediática se transforma en un símbolo político. La medida judicial era una clara intención de controlar la narrativa interna y apagar voces incómodas; pero el flujo alternativo desde el exterior cumple un rol similar al de Radio Colonia: mantener viva la memoria, la información y la resistencia frente a los intentos de censura estatal.                                                               (¨No a la censura; la caza de brujas contra periodistas ya empezó.¨) La ofensiva del Gobierno implicó un nivel de ataque a la prensa que ya no se limita a la censura previa de los audios de Karina Milei. Con la denuncia impulsada por Patricia Bullrich para allanar a Jorge Rial y Mauro Federico, quedó en evidencia una estrategia de persecución periodística inédita desde el regreso de la democracia. ( Podés leer: ¨Gobierno en fuga: Milei y Bullrich buscan culpables en Caracas y Moscú¨).                    Y como si fuera poco, el juez que dictaminó a favor del Gobierno en este fallo de censura arrastra un historial escandaloso: acumula nueve denuncias en su contra, cinco de ellas por acoso sexual y abuso de poder. (Leé también: ¨El juez que censura audios a Karina Milei está denunciado por acoso sexual¨). Que un magistrado cuestionado por estas causas sea quien avala la estrategia oficial contra los periodistas no hace más que desnudar la precariedad institucional y el sesgo político detrás de la medida. En lugar de justicia independiente, lo que asoma es un aparato judicial funcional al poder de turno, dispuesto a blindar al gobierno incluso con jueces manchados por denuncias gravísimas. Quienes se autoproclaman defensores de la libertad buscan callar a quienes investigan, emparentando al gobierno libertario con las prácticas de regímenes autoritarios como el de Nicolás Maduro en Venezuela, donde se persigue a la prensa crítica y se criminaliza la información incómoda. En tiempos donde se pretende silenciar desde el poder, este episodio desnuda la realidad inobjetable: aquello que el poder reprime, la verdad encuentra cómo contarse.         Canal WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBqLhV4tRroiQaqOB0M Y en nuestra: Red X (EX Twitter): https://x.com/El_Pulso_P