El capítulo de discapacidad del Presupuesto 2027 terminó convirtiéndose en un problema mucho mayor para Javier Milei de lo que imaginaba la Casa Rosada. El ajuste previsto en el área sorprendió incluso a legisladores de La Libertad Avanza, quebró negociaciones que el oficialismo mantenía en Diputados y volvió a alimentar la desconfianza de los bloques que el Gobierno necesita para sostener su agenda parlamentaria. La crisis alcanzó rápidamente el corazón del oficialismo porque varios integrantes de la denominada mesa política aseguraron que desconocían el alcance de las decisiones incorporadas al proyecto. Patricia Bullrich fue quien expuso públicamente el malestar y cuestionó que una medida de semejante sensibilidad no hubiera sido discutida previamente dentro del espacio encargado, al menos formalmente, de ordenar la estrategia del Gobierno. La senadora fue todavía más lejos al advertir que no está dispuesta a quedar asociada a decisiones que no conoce y que después debe defender públicamente. Su reclamo puso bajo discusión el funcionamiento real de la mesa política y dejó flotando una pregunta incómoda: si los principales dirigentes libertarios se enteran de medidas centrales una vez anunciadas, el organismo funciona menos como ámbito de decisión que como estructura destinada a convalidar resoluciones tomadas previamente en un círculo mucho más reducido. El episodio también profundizó las diferencias de Bullrich con Milei y Karina. La exministra ya había reclamado mayor velocidad para que los resultados económicos lleguen a la vida cotidiana y ahora eligió discapacidad para volver a marcar distancia. Su posición adquiere mayor importancia porque ocurre mientras crecen las especulaciones sobre su futuro político rumbo a 2027 y sobre la posibilidad de construir una identidad propia dentro o fuera del oficialismo. Para la Casa Rosada, el problema excede ampliamente esa interna. El Presupuesto debía convertirse en una herramienta para reconstruir puentes con gobernadores, PRO, sectores de la UCR y otros bloques dialoguistas, pero la controversia por discapacidad produjo el efecto contrario y volvió a instalar dudas sobre la capacidad del Gobierno para cumplir los acuerdos que negocia en el Congreso. Esa desconfianza tiene antecedentes. Gobernadores y legisladores aliados vienen acumulando reclamos por compromisos que consideran demorados, modificados o parcialmente incumplidos, muchas veces después de objeciones del Ministerio de Economía. La consecuencia es que cada nueva negociación resulta más costosa porque los interlocutores de la Casa Rosada reclaman garantías antes de comprometer sus votos. El ajuste en discapacidad terminó rompiendo precisamente uno de esos equilibrios. La oposición dura consiguió articularse con otros espacios para imponer fechas de tratamiento en Diputados y obligó al oficialismo a reaccionar después de haber perdido el control de la negociación. La próxima discusión presupuestaria tendrá nuevamente al área como uno de los principales focos de conflicto. Detrás del traspié aparece una dificultad estructural de Milei: el Gobierno consiguió acuerdos puntuales durante buena parte de su gestión, pero nunca terminó de construir una coalición política estable. La Casa Rosada privilegió negociaciones caso por caso y exigió a sus aliados niveles de alineamiento que varios gobernadores y bloques están cada vez menos dispuestos a aceptar. La estrategia funcionaba mejor cuando Milei atravesaba un momento de fortaleza política y podía disciplinar a sus socios desde una posición dominante. El escenario actual es diferente porque la carrera hacia 2027 ya comenzó, los gobernadores defienden sus propios proyectos de reelección y cada espacio empieza a calcular cuánto cuesta acompañar al Presidente y qué obtiene a cambio. El contexto económico vuelve esa fragilidad todavía más peligrosa. Después de que la inflación de agosto desacelerara al 1,7%, aparecieron indicadores menos favorables vinculados con los precios mayoristas, la utilización de la capacidad industrial instalada, el mercado laboral y el nivel de actividad del segundo trimestre. Durante los próximos días se conocerán además nuevos datos de consumo, actividad y pobreza que pueden aumentar la presión sobre el Gobierno. Milei enfrenta así dos problemas que empiezan a retroalimentarse. Necesita que la economía muestre resultados concretos para recuperar iniciativa política, pero también requiere acuerdos parlamentarios para sostener su programa y ordenar el camino hacia la reelección. La controversia por discapacidad golpeó precisamente esas dos necesidades porque convirtió un ajuste presupuestario en un conflicto social, legislativo e interno. Bullrich aprovechó ese escenario para plantear otra discusión de fondo: quién decide realmente dentro del Gobierno. Si la mesa política desconoce medidas relevantes hasta que aparecen incorporadas en el Presupuesto, la concentración del poder vuelve a quedar expuesta y aumenta la resistencia de quienes deberían acompañar después esas decisiones en el Congreso. La Casa Rosada necesita aliados, pero continúa tratando a buena parte de ellos como si fueran integrantes disciplinados de La Libertad Avanza. Necesita acuerdos con gobernadores, pero arrastra antecedentes de compromisos que esos mismos dirigentes consideran incumplidos. Y necesita contener sus internas, pero una figura con peso propio como Bullrich decidió empezar a exteriorizar diferencias que antes permanecían puertas adentro. El conflicto por discapacidad terminó condensando todos esos problemas. No se trata solamente de cuánto dinero asignará el Presupuesto a un área especialmente sensible, sino de una decisión que desordenó al oficialismo, deterioró negociaciones parlamentarias y volvió a mostrar que el círculo que define las decisiones importantes sigue siendo mucho más pequeño que la estructura política creada para respaldarlas. Milei necesita ampliar su poder para llegar fortalecido a 2027, pero el método de conducción vuelve a producir el efecto contrario. Cuanto más concentra las decisiones y exige obediencia, mayores son los recelos entre quienes necesita como aliados; y cuando hasta dirigentes de su propio espacio empiezan a cuestionar públicamente cómo se toman esas decisiones, el problema deja de ser una simple interna para convertirse en una señal de fragilidad política.           Canal WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBqLhV4tRroiQaqOB0M Y en nuestra: Red X (EX Twitter): https://x.com/El_Pulso_P