En una nueva medida orientada a la reestructuración del Estado, el Gobierno nacional anunció la eliminación de trece programas que habían sido implementados por el ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Esta decisión se enmarca en la estrategia del Ejecutivo de revisar y ajustar las políticas públicas existentes, con el objetivo de optimizar recursos y focalizar las acciones gubernamentales. Los programas eliminados abarcaban diversas áreas, incluyendo la promoción de la igualdad de género, la prevención de la violencia contra las mujeres y la diversidad sexual, y el fortalecimiento de derechos de grupos históricamente vulnerados. La decisión de suprimir estos programas ha generado diversas reacciones en el ámbito político y social, con sectores que expresan preocupación por el impacto que podría tener en las poblaciones destinatarias de dichas políticas. Los trece programas que fueron dados de baja: Plan Acompañar (línea de apoyo integral a mujeres víctimas de violencia) Programa Potenciar Igualdad (que financiaba emprendimientos liderados por mujeres y disidencias) Red de Casas de Abrigo (espacios de protección habilitados en todo el país) Banco Nacional de Datos sobre Casos de Violencia Programa de Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Género Capacitación Federal en Perspectiva de Género (formación a funcionarios y fuerzas de seguridad) Campañas de Sensibilización por Igualdad de Género Registro Nacional de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios Observatorio de Violencias por Razones de Género Programa de Prevención de Trata de Personas Red Federal de Promotoras y Promotores Comunitarios Línea 144 de Atención a la Violencia contra las Mujeres Protocolo Nacional de Actuación en Violencia de Género Desde el Gobierno, se argumenta que la medida responde a la necesidad de racionalizar el gasto público y de reorientar las políticas hacia acciones más eficaces y eficientes. Asimismo, se señala que se están evaluando nuevas estrategias para abordar las problemáticas de género y diversidad, en línea con los objetivos de la actual administración. La eliminación de estos programas se suma a otras acciones recientes del Gobierno en su proceso de reestructuración estatal, incluyendo la disolución de organismos y la revisión de políticas públicas implementadas en gestiones anteriores. Este enfoque ha sido objeto de debate en la opinión pública, con posturas encontradas respecto a su impacto en la garantía de derechos y en la eficiencia del Estado.