Este martes, la UTA llevó a cabo un paro de colectivos que afectó a millones de pasajeros en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y otras regiones del país. La medida de fuerza, inicialmente limitada al AMBA, se extendió sorpresivamente a nivel nacional, generando un fuerte impacto en el transporte público. El conflicto se originó por la falta de acuerdo en las negociaciones salariales entre la UTA y las empresas del sector. La Secretaría de Trabajo se apartó de las negociaciones ante la intransigencia de las partes y dejó las posibles tratativas en manos de la Secretaría de Transporte. Sin embargo, desde el entorno del nuevo secretario de Transporte, Luis Pierrini, desmintieron la existencia de una nueva instancia de negociación para esta tarde, afirmando que "la UTA fue recibida ayer por Trabajo y ya tuvo su convocatoria por las paritarias" Para este miércoles está prevista una audiencia en Trabajo entre la UTA y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) por la paritaria de los colectiveros a nivel nacional. Las negociaciones salariales que fracasaron en las últimas horas se limitaban a las empresas del AMBA, aunque el sindicato extendió el paro a todo el país. El conflicto con la UTA representa un desafío complejo para el gobierno de Javier Milei, que ya enfrentó un conflicto similar con los sindicatos de Aerolíneas Argentinas a fines de 2024. Sin embargo, en este caso, el impacto es mayor debido a la cantidad de pasajeros afectados y al perfil socioeconómico de los usuarios de colectivos, que dependen en gran medida de este medio de transporte. El líder de la UTA, Roberto Fernández, quien hasta ahora se había mantenido en una postura dialoguista dentro del sindicalismo, se vio obligado a declarar el paro ante la falta de avances en las negociaciones salariales. La medida de fuerza pone en evidencia la debilidad del sector dialoguista del sindicalismo y la necesidad de encontrar soluciones efectivas para evitar que el conflicto se prolongue y afecte aún más a los usuarios del transporte público. El gobierno enfrenta ahora el desafío de encontrar una solución que contemple las demandas salariales de los trabajadores del transporte y garantice la continuidad del servicio para millones de argentinos que dependen de los colectivos para movilizarse diariamente.