El Gobierno argentino, liderado por Javier Milei, ha implementado una política de reducción de aranceles e impuestos internos para la importación de teléfonos celulares. La medida, formalizada a través del Decreto 333/2025, establece una disminución del arancel del 16% al 8% de manera inmediata, con una eliminación total prevista para el 15 de enero de 2026. Además, los impuestos internos para equipos importados se reducirán del 19,5% al 9,5%, mientras que para los productos fabricados en Tierra del Fuego se eliminarán completamente. Esta iniciativa busca reducir los precios de los dispositivos móviles en el mercado local, que actualmente son significativamente más altos que en países vecinos. Por ejemplo, un iPhone 16 Pro Max de 256GB, que se vende en Argentina por aproximadamente $2.630.000 en seis cuotas, podría costar $2.288.100 con la primera reducción y $1.727.823 al contado en enero de 2026, representando una disminución total estimada del 19% . Sin embargo, la medida ha generado preocupación en la industria electrónica de Tierra del Fuego, que teme por la sostenibilidad de la producción local y la posible pérdida de empleos. El régimen de beneficios impositivos vigente en la isla, que incluye exenciones de IVA y aranceles a la importación, representa un costo fiscal anual significativo para el Estado, estimado en alrededor de USD 1.000 millones Desde el Gobierno, se argumenta que la reducción de aranceles e impuestos internos busca beneficiar a los consumidores y fomentar la competencia en el mercado de dispositivos electrónicos. No obstante, la medida plantea un desafío para equilibrar los intereses de los consumidores con la necesidad de proteger la industria nacional y los empleos asociados. En este contexto, la implementación de la política de reducción de aranceles e impuestos internos a la importación de celulares representa un punto de inflexión en la política económica del país, con implicaciones significativas para el mercado de tecnología y la industria nacional.