En medio de un contexto económico todavía delicado y con reservas en niveles mínimos, el gobierno de Javier Milei lanzó una batería de medidas que apuntan directamente a atraer dólares del llamado "colchón" hacia el sistema formal. Bajo la bandera de la libertad económica y con la urgencia de motorizar la actividad sin acudir al endeudamiento externo, el oficialismo eliminó una serie de controles fiscales clave que, según advierten organismos internacionales, podrían convertir a la Argentina en un auténtico "paraíso fiscal" en el corazón de Sudamérica. La decisión más polémica es la eximición del deber de justificar el origen de los fondos para una serie de operaciones financieras sensibles. A partir del 1° de julio, ya no será necesario explicar el origen del dinero para realizar depósitos bancarios por hasta 85.000 dólares, ni para transferencias de hasta 43.000 dólares. Tampoco habrá trabas para comprar inmuebles o vehículos usados con billetes físicos que hasta ahora dormían fuera del circuito legal. Si bien en Casa Rosada celebran la medida como una vía para "blanquear sin castigar" y dar un alivio al mercado inmobiliario y bancario, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) lanzó una seria advertencia. En un documento reservado al que accedió La Política Online, el organismo plantea que la falta de mecanismos de control adecuados para verificar el origen de esos fondos puede facilitar el ingreso de dinero proveniente del narcotráfico, la corrupción o el contrabando. El Fondo Monetario Internacional (FMI) también encendió alarmas. Aunque formalmente mantiene una postura de neutralidad, fuentes del organismo en Washington deslizaron su preocupación por los posibles efectos colaterales de este régimen de regularización "exprés", especialmente en relación con los compromisos asumidos por Argentina en materia de lucha contra el lavado de activos. El FMI recordó que el país debe cumplir con los estándares de transparencia fiscal y prevención de delitos financieros firmados en el último acuerdo de facilidades extendidas. En el plano político, la medida generó un fuerte contrapunto incluso dentro del oficialismo. Algunos sectores del PRO que acompañan a Milei ven con recelo que se estén habilitando "zonas grises" que podrían manchar al Gobierno si aparecen casos resonantes de lavado. Desde la oposición, el peronismo y parte del radicalismo ya hablan de "amnistía fiscal encubierta" y exigen que la ley Bases, que contiene estas medidas, sea revisada en comisiones antes de ser votada en el Senado. El trasfondo, sin embargo, es eminentemente económico. El equipo de Luis Caputo sabe que no hay margen para una devaluación brusca y que el ingreso de dólares físicos podría aliviar tensiones cambiarias y mejorar el flujo bancario. Se estima que en la Argentina hay más de 240.000 millones de dólares fuera del sistema, una cifra que, de ingresar aunque sea en parte, podría reactivar varios sectores. Lo que está en juego no es sólo un plan económico, sino la reputación internacional del país en los mercados financieros. Convertirse en un refugio fiscal puede atraer capitales golondrina, pero también dejar a Argentina bajo el escrutinio de los organismos globales y con alto riesgo de sanciones o bloqueos futuros.