El presidente Javier Milei convocó a los diputados de La Libertad Avanza en la Casa Rosada para brindarles detalles sobre el nuevo plan de blanqueo de capitales. La iniciativa, que elimina controles fiscales para permitir el uso de dólares no declarados sin justificar su origen, busca captar los 270.000 millones de dólares que se estima están guardados fuera del sistema financiero formal. Durante la reunión, Milei explicó que, a partir del 1 de julio, las transferencias bancarias inferiores a 43.000 dólares y los depósitos a plazo de hasta 85.000 dólares no requerirán justificación de fondos. El portavoz presidencial, Manuel Adorni, presentó la iniciativa como un respeto al derecho de los ciudadanos sobre su dinero. Sin embargo, expertos expresan preocupación por el posible fomento del lavado de dinero y la falta de filtros en la normativa. Aunque se planea enviar el plan al Congreso para su ratificación, el Fondo Monetario Internacional advirtió que cualquier medida debe alinearse con compromisos de transparencia y normas antilavado asumidas por Argentina. La reunión también sirvió para reforzar la cohesión del bloque oficialista, en medio de tensiones internas y desafíos legislativos. Milei instó a sus diputados a defender la medida en el Congreso y en la opinión pública, presentándola como una herramienta clave para estabilizar la economía sin recurrir a la emisión monetaria. La estrategia del gobierno busca atraer divisas al sistema financiero formal, pero enfrenta críticas por la posible falta de controles y el riesgo de facilitar operaciones ilícitas. La implementación efectiva y la supervisión adecuada serán fundamentales para evitar consecuencias negativas en la economía y en la imagen internacional del país. La medida propuesta por el gobierno de Milei representa un cambio significativo en la política fiscal argentina, con el objetivo de captar fondos no declarados y fortalecer las reservas del Banco Central. Sin embargo, la falta de controles y la posibilidad de facilitar el lavado de dinero generan preocupación entre expertos y organismos internacionales. La implementación efectiva y la supervisión adecuada serán fundamentales para evitar consecuencias negativas en la economía y en la imagen internacional del país.