En la madrugada del jueves 5 de junio, la Cámara de Diputados vivió un momento de alta tensión política cuando el oficialismo, junto a sus socios del PRO y la UCR, se retiraron del recinto antes de votar el emplazamiento de comisiones para tratar proyectos clave: la ley de Emergencia en Pediatría y la actualización de los presupuestos universitarios. Esta maniobra provocó la caída del quórum y el aplazamiento del debate sobre temas sensibles para la salud y la educación pública.    El diputado Pablo Yedlin, de Unión por la Patria, había solicitado el tratamiento de seis expedientes relacionados con la emergencia pediátrica y el financiamiento del Hospital Garrahan. Sin embargo, alrededor de las 2:40 de la madrugada, la ausencia de legisladores oficialistas impidió continuar con la sesión.  Desde el oficialismo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, justificó la retirada argumentando que los proyectos en cuestión implicarían un costo fiscal superior a los 12.000 millones de dólares, lo que representaría aproximadamente el 1,8% del PBI. Según Menem, la oposición se escuda en causas nobles para intentar romper el equilibrio fiscal alcanzado por el gobierno.  La oposición, por su parte, considera que el oficialismo evita debatir temas que podrían generar costos políticos en un año electoral. Diputados de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Frente de Izquierda y la Coalición Cívica anunciaron que buscarán reabrir el debate en la próxima sesión, prevista para la semana del 18 de junio, y emplazar a la Comisión de Presupuesto, presidida por el libertario José Luis Espert, para tratar los proyectos pendientes.  El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) también presentó un proyecto de ley que busca garantizar el financiamiento de la educación superior pública. La iniciativa propone un ajuste salarial que acompañe la inflación y un incremento progresivo del presupuesto universitario hasta alcanzar, en 2031, al menos el 1,5% del PBI.  Este episodio refleja las tensiones políticas en el Congreso y la dificultad para avanzar en proyectos que, aunque cuentan con amplio respaldo social, enfrentan obstáculos en el ámbito legislativo.