La escena estaba servida: Cristina Fernández de Kirchner, condenada de forma definitiva por corrupción en la causa Vialidad, enfrentaba el fantasma de la cárcel. Pero el juez a cargo del expediente decidió patear el tablero y rechazó ordenar su *detención inmediata*, a pesar de que la Corte Suprema confirmó su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La decisión llegó luego de que el máximo tribunal dejara firme la sentencia por *administración fraudulenta* en el direccionamiento de obras públicas a favor de Lázaro Báez en Santa Cruz. Con ese fallo, ya no hay discusión judicial interna: Cristina es culpable y quedó afuera para siempre de la competencia electoral. Sin embargo, el Tribunal Oral Federal 2 consideró que todavía no es el momento de ponerle las esposas. El argumento del juez: “todavía no” Según la resolución del TOF 2, firmada tras recibir el expediente desde la Corte, la defensa de Cristina podría intentar llevar el caso a *tribunales internacionales* como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa expectativa, sumada a la edad de la ex presidenta (72 años), le daría derecho a pedir *arresto domiciliario*. Además, el tribunal todavía debe *notificar formalmente* a todos los condenados –Cristina incluida–, quienes tendrán *cinco días hábiles* para presentarse ante el juzgado. Si no lo hacen, ahí sí podrían ser detenidos de forma inmediata. Es decir, la bala no fue esquivada del todo, pero el disparo se demoró. ¿Puede Cristina evitar la cárcel? Sí. Con la condena ya firme y sin margen para más apelaciones dentro del país, la ex vicepresidenta tiene dos caminos: aceptar el cumplimiento de la pena o activar una estrategia internacional. A eso se le suma una jugada clave: *pedir prisión domiciliaria*, algo que prevé la ley para personas mayores de 70 años, sobre todo si no tienen condenas previas o riesgos procesales. No es un escenario impensado. De hecho, Cristina *nunca pisó una celda* ni estuvo detenida, pese a la decena de causas que enfrentó durante más de una década. Su situación personal –sin riesgo de fuga ni obstrucción– y el contexto político podrían inclinar la balanza hacia una *condena sin barrotes*. Lo que viene: días clave y presión cruzada El oficialismo duro grita “persecución judicial” mientras la oposición exige que la sentencia se cumpla con prisión efectiva. En el medio, el Poder Judicial define pasos procesales que, más allá de lo técnico, tienen un impacto simbólico y político monumental. Si Cristina se presenta en el plazo de cinco días, podría iniciar el trámite para cumplir la pena en su casa. Si no lo hace, el tribunal *podría ordenar su detención con fuerza pública*. Mientras tanto, los rumores de un operativo político para blindarla siguen creciendo. Algunos hablan de un posible pedido de indulto si el peronismo vuelve al poder. Otros, de una jugada desesperada para forzar una candidatura simbólica que ponga a prueba los límites de la inhabilitación. Todo está en juego.