Se agotó el cronómetro: desde el Poder Judicial exigen el pago de casi 685 mil millones de pesos —equivalentes a 540 millones de dólares— a Cristina Kirchner y otros implicados en la causa Vialidad. La suma tiene carácter solidario: todos deben responder por el daño infligido al Estado por la asignación fraudulenta de obras públicas en Santa Cruz.     El plazo finalizó el 13 de agosto. A esta altura, ninguno de los condenados presentó el dinero ni autorizó garantías mínimas. Por eso, el Tribunal Oral Federal N°2 está facultado para avanzar con embargos, subastas y ejecuciones de bienes. Vehículos, inmuebles e incluso propiedades históricas podrían ser rematadas, muchas ya embargadas por causas como Hotesur?Los Sauces.     El marco legal está claro: la Acordada 22/2025 de la Corte Suprema habilita mecanismos rápidos para recuperar activos del sistema, desde tasaciones urgentes hasta su asignación a fines sociales o judiciales, siempre bajo control del Estado.     En paralelo, la condena es definitiva, ratificada por la Corte Suprema el pasado junio: seis años de prisión domiciliaria e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.     La interna política ya está encendida: el kirchnerismo comienza a mostrar señales de movilización, mientras el oficialismo se mantiene expectante, con la ventaja de tener los mecanismos judiciales del lado del reclamo del Estado. El desenlace de esta batalla judicial podría definir no solo la suerte de una figura política central, sino también marcar un precedente político y simbólico de alto impacto.       Canal WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBqLhV4tRroiQaqOB0M Y en nuestra: Red X (EX Twitter): https://x.com/El_Pulso_P