El gobierno logró frenar—por ahora—la orden emitida por la jueza Loretta Preska, que en junio pasado había dispuesto que se cedieran las acciones como parte de cumplimiento de la condena de 16?100 millones de dólares. La Corte de Apelaciones aceptó la solicitud argentina para mantener ese control mientras avanza la apelación. Además, se descartó la exigencia de presentar alguna garantía económica  . Este fallo garantiza que el Estado conserve el control de YPF durante el proceso judicial, evitando un impacto económico inmediato y protegiendo la soberanía sobre uno de los activos estratégicos del país  . También demuestra respaldo indirecto: el gobierno de EE.?UU. presentó un amicus curiae en favor de Argentina, advirtiendo sobre posibles daños al principio de inmunidad soberana y a la diplomacia bilateral  . La apelación de fondo ya está calendarizada: Argentina tiene previsto presentar su defensa formal el 25 de septiembre, y el juicio oral comenzaría hacia finales de octubre, justo después de las elecciones legislativas  . La resolución definitiva podría tardar varios meses o incluso años, según expertos legales  .   Este nuevo pulso judicial representa una defensa estratégica de la Casa Rosada: aseguran que esta medida corta de raíz la amenaza de perder el control de YPF en plena crisis económica y electoral. Sin embargo, la batalla legal aún no terminó: si el fallo original se confirma en instancias superiores, el Estado deberá pagar la millonaria indemnización—y sin contar con los votos propios en el Congreso, tampoco podrá compensar la pérdida con respaldo local. La defensa de YPF se convirtió en una línea roja del gobierno, una pelea donde la estabilidad económica, la soberanía y la imagen internacional están en juego.         Canal WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBqLhV4tRroiQaqOB0M Y en nuestra: Red X (EX Twitter): https://x.com/El_Pulso_P