Obras Sanitarias, Aguas Argentinas y AySA. Desde abril de 2026, será una nueva empresa y privada.    El gobierno avanzó con la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), empresa que provee agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. A través de la Resolución 1198/2025, publicada en el Boletín Oficial, se instruyó la venta del 90% de las acciones estatales a operadores privados, fijando un plazo máximo de ocho meses para concretar la operación.   El Ministerio de Economía habilitó la intervención de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, que deberá contratar un banco público para tasar el paquete accionario, diseñar la documentación licitatoria y encarar un proceso de licitación nacional e internacional. Al menos el 51% quedará en manos de un “operador estratégico”, mientras que el resto se colocará en el mercado bursátil.   El esquema prevé que el 10% de las acciones permanezca bajo control de los trabajadores, como parte del Programa de Propiedad Participada. En paralelo, se introdujeron modificaciones al marco regulatorio que habilitan la suspensión del servicio por falta de pago, lo que enciende alertas sobre el impacto social que tendrá la decisión.   La decisión se enmarca en el decreto 494/2025, que ya había declarado a AySA “sujeta a privatización” en línea con la Ley de Bases, y marca un giro radical en la gestión de un servicio esencial. Con la misma lógica, el Gobierno busca avanzar en la venta de otras empresas estratégicas, como Nucleoeléctrica, Hidronor y ENARSA.   En este contexto, el debate sobre la soberanía del agua y el acceso igualitario al servicio vuelve a instalarse con fuerza. Tras casi dos décadas de gestión estatal desde la reestatización en 2006, la operación reabre viejas heridas de los años noventa, cuando la privatización de Obras Sanitarias terminó en un fracaso estrepitoso.   La privatización de AySA no solo expone la decisión política del oficialismo de avanzar a toda velocidad en la entrega de empresas públicas estratégicas, sino también la contradicción de un discurso que prometió terminar con “la casta” pero que termina beneficiando a grandes operadores privados con negocios millonarios. Convertir el agua en mercancía, fijar un cronograma exprés de ocho meses y alterar las reglas de acceso al servicio plantea un escenario donde el derecho social cede terreno frente al lucro, con el fantasma del menemismo como antecedente y el riesgo concreto de dejar a millones de usuarios a merced del mercado.       Canal WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBqLhV4tRroiQaqOB0M Y en nuestra: Red X (EX Twitter): https://x.com/El_Pulso_P