Con el impulso de la oposición y sin frenos por parte del oficialismo, el plenario conjunto de las comisiones de Educación y de Presupuesto del Senado firmó esta tarde el dictamen del proyecto que refuerza los presupuestos de las universidades públicas. El texto ya está listo para ser sancionado en el recinto. Sin embargo, desde la Casa Rosada ya anticipan que será objeto de veto, tal como ocurrió con una ley similar el año pasado.    La iniciativa establece la actualización automática de las partidas destinadas al funcionamiento de las universidades a partir del 1º de enero de 2025, según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre mayo y diciembre de 2024. Además, obliga al Ejecutivo a recomponer los salarios de docentes y no docentes desde el 1° de diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma, siguiendo la inflación registrada en ese período. Todos los incrementos deben ser remunerativos y bonificables. También se impone la convocatoria obligatoria a negociaciones paritarias con actualización mensual y una frecuencia máxima de tres meses.    El senador Eduardo De Pedro, titular de la comisión de Educación, celebró la medida: “No podemos permitir que nuestros docentes queden por debajo de la línea de pobreza”, afirmó, destacando que el proyecto cubre a 137 instituciones, 54 de ellas universidades nacionales, con más de 2,35 millones de estudiantes y 220.000 docentes. Por su parte, el libertario Ezequiel Atauche defendió la línea del Gobierno sobre el superávit fiscal, afirmando que “recibimos un país roto y este Gobierno sabe cómo recuperarse”, y criticó con dureza la política educativa previa.    Este dictamen simboliza el choque frontal entre dos visiones: por un lado está el compromiso de garantizar educación pública adecuada ante el avance galopante de la inflación; por el otro, un gobierno que prefiere priorizar el ajuste fiscal a expensas de los docentes y la academia. El hecho de que el proyecto sea aprobado por mayoría y, nuevamente, enfrentado a un veto presidencial, revela una batalla política más que una discusión técnica. No es la primera vez que la academia paga el costo de la rigidez ideológica: el movimiento en el Senado evidencia una tensión entre la urgencia social y el dogmatismo liberal. Las universidades no son macroeconómicas; son espacios de formación y construcción del futuro, y postergar su sustentabilidad representa una decisión política con consecuencias inmediatas para millones de argentinos.       Canal WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBqLhV4tRroiQaqOB0M Y en nuestra: Red X (EX Twitter): https://x.com/El_Pulso_P