El escándalo sobre la criptomoneda $LIBRA dio un vuelco político para el gobierno. Según el informe que presentará la comisión investigadora del Congreso, se determinó que la operatoria no fue un hecho aislado, sino parte de un modus operandi en el que participaron Milei, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy de forma reiterada.  El documento preliminar sostiene que solo 36 billeteras vinculadas al esquema obtuvieron ganancias significativas, mientras que cerca del 80 % de las 143.142 billeteras registraron pérdidas. En algunos casos las pérdidas superaron los 100.000 dólares.  Entre los hallazgos, la comisión señaló que existió “un alto grado de participación y responsabilidad política de Milei en la promoción y difusión” del token. Además, consideró que hay elementos suficientes para sostener una causal de juicio político por “mal desempeño de sus funciones”.  El texto también revela que la causa judicial avanza pero con obstáculos: la ausencia de declaraciones de Karina Milei, quien habría sido el nexo con los criptoempresarios, la falta de colaboración del Poder Judicial para remitir expedientes y la negativa de altos funcionarios a asistir ante el Congreso.  Otro dato clave: se rastrearon transferencias por varios cientos de miles de dólares hacia billeteras vinculadas al proyecto, realizadas entre noviembre de 2024 y enero de 2025, que coinciden con el lanzamiento del token. Esa premisa avala la hipótesis de que los involucrados actuaron con conocimiento previo del aval presidencial.  La oposición ya insiste en avanzar con un pedido de juicio político. Sin embargo, el tablero está trabado: el oficialismo consiguió asegurarse el tercio necesario para bloquear un impeachment, lo que deja a Milei temporalmente blindado políticamente.  En el plano público-mediático, el presidente se ha defendido afirmando que solo “difundió” la criptomoneda, sin promocionarla, y que los inversores eran conscientes de los riesgos. Esta respuesta, lejos de calmar la tormenta, ha sido señalada como un intento de esquivar responsabilidades.  La gravedad del caso radica en que, más allá del robo presunto, se trata de una cuestión de political trust: un mandatario que promueve un activo financiero que luego deja a miles de ciudadanos en pérdidas mina la credibilidad institucional. Y en una era donde la confianza es un activo político esencial, ese daño puede tener consecuencias profundas. Si Milei logra que el tiempo diluya este episodio o si la acción judicial se encalla, el efecto político podría amortiguarse. Pero si el informe se convierte en acusación formal y el Congreso decide actuar, el caso podría marcar una bisagra en su presidencia.     Canal WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBqLhV4tRroiQaqOB0M Y en nuestra: Red X (EX Twitter): https://x.com/El_Pulso_P