La Cámara Federal de Apelaciones del Chubut, con asiento en Comodoro Rivadavia, emitió un fallo que ordena el comiso de la totalidad de bienes de la expresidenta Cristina Kirchner y del empresario Lázaro Báez, involucrados en el expediente conocido como “Causa Vialidad”, que investiga presuntas irregularidades en la obra pública de la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.    Según el fallo, la medida cautelar se toma ante “la constatación del riesgo de dilapidación o transferencia de activos” y el “vaciamiento potencial de patrimonio” que podrían dificultar eventuales devoluciones o sanciones posteriores. El juzgamiento aún se encuentra en curso, pero la resolución funciona como una herramienta de presión financiera.   El dictamen ordena que todos los bienes inmuebles, automotores, fondos fiduciarios, empresas y otras participaciones vinculadas directa o indirectamente con Kirchner y Báez sean destinados a un fideicomiso público judicializado, que quedará bajo supervisión del Tribunal para su administración. También se ordena la correspondiente publicidad registral para garantizar la trazabilidad de los activos embargados.   Lectura política - Desde la óptica de El Pulso Político, esta resolución representa varios aspectos estratégicos de la política-justicia en Argentina: - Presión institucional hacia sectores ligados al kirchnerismo: aunque la causa comenzó años atrás, el decomiso generalizado de bienes marca una escalada de consecuencias patrimoniales que trascienden lo penal. - Levantamiento del foco de impunidad: la medida subraya que el aparato judicial-fiscal está dispuesto a intervenir no solo sobre personas sino sobre estructuras patrimoniales completas, reforzando la lógica de rendición de cuentas. - Implicancias electorales y simbólicas: para el espacio que lidera Cristina Kirchner, el impacto mediático y político de un fallo de esta magnitud condiciona la narrativa de victimización y puede influir en la percepción pública del 2027 en adelante. - Modelo de persecución o justicia efectiva: el debate sobre si esta medida representa un hito de justicia transparente o un uso político del sistema judicial se vuelve una vez más central. Consecuencias y riesgos - Si el fideicomiso se administra con transparencia, podría recuperar activos para el Estado o financiar reparaciones materiales; si no, corre riesgo de litigios prolongados que alarguen la incertidumbre. - Para los involucrados, el decomiso afecta capacidad económica, estructura de defensa y posibilidades de negociación; la presión financiera puede traducirse en acuerdos o declaraciones. - Políticamente, el kirchnerismo puede incorporar esta medida a su discurso de “lawfare” o persecución política. Si logra capitalizarlo, puede reforzar lealtades; si no, puede perder parte del apoyo. - Institucionalmente, la operación marca un antecedente para futuras causas patrimoniales, estableciendo jurisprudencia sobre el bloqueo de bienes como mecanismo complementario a la sanción penal.   La orden judicial de decomisar los bienes de Cristina Kirchner y Lázaro Báez en la causa Vialidad no es un trámite más: es un cambio de escala en la lógica de la justicia argentina. El foco ahora pasa de la etapa penal a la presión patrimonial, y la pregunta que queda es si este hito será el preámbulo de efectividad real o un nuevo capítulo de litigios largos. El tablero está listo. Ahora falta ver qué piezas se mueven.     Canal WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBqLhV4tRroiQaqOB0M Y en nuestra: Red X (EX Twitter): https://x.com/El_Pulso_P