La Asociación Trabajadores del Estado convocó a un paro nacional con movilización al Ministerio de Economía para el próximo lunes 3 de agosto. La medida profundiza el plan de lucha contra el ajuste impulsado por Javier Milei y apunta directamente a Luis Caputo, señalado por el gremio como uno de los principales responsables del derrumbe salarial y la destrucción de puestos de trabajo en el sector público. La protesta fue definida durante una reunión de la conducción nacional de ATE realizada en el Hotel Quagliaro. El sindicato estableció dos reclamos centrales: un aumento salarial de emergencia y el freno al cierre, vaciamiento y desmantelamiento de organismos estatales. La jornada coincidirá con el regreso a clases después del receso de invierno en la Ciudad de Buenos Aires y otros distritos del país. ATE también analiza coordinar la movilización con la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, lo que podría ampliar el alcance de la protesta y sumar al conflicto a docentes de distintos puntos del país. El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, advirtió que los salarios de los trabajadores estatales deberían ser más del doble para recuperar todo lo perdido durante la administración libertaria. Según el dirigente, la reducción del poder adquisitivo supera el 45% desde diciembre de 2023. El deterioro salarial se combina con el brutal incremento de las tarifas y los servicios públicos. Mientras los ingresos de los empleados estatales quedaron sistemáticamente por debajo de la inflación, el costo de los servicios acumuló una suba superior al 900% desde la llegada de Milei a la Casa Rosada. Durante los primeros seis meses de 2026, los aumentos otorgados a los trabajadores de la Administración Pública Nacional alcanzaron apenas el 12,9%. En ese mismo período, la inflación acumuló un 16,9%, por lo que los empleados públicos volvieron a perder frente al avance de los precios. La diferencia se suma al recorte aplicado durante los dos primeros años de gestión. El Gobierno utilizó las paritarias estatales como ancla para contener los salarios y mostrar una desaceleración inflacionaria sostenida sobre la pérdida de ingresos de los trabajadores. La estrategia de Milei y Caputo convirtió a los empleados públicos en una de las principales variables del ajuste. Los incrementos salariales fueron definidos por debajo de la inflación, mientras la Casa Rosada avanzó con despidos, retiros voluntarios, cierres de dependencias y eliminación de áreas completas del Estado. Aguiar también alertó por el creciente endeudamiento de los trabajadores. Los salarios ya no alcanzan para cubrir alimentos, alquileres, tarifas y gastos cotidianos, por lo que miles de empleados deben recurrir a bancos, mutuales, tarjetas, billeteras virtuales y préstamos informales. El dirigente advirtió que algunos estatales comenzaron incluso a endeudarse con prestamistas de sus propios barrios. Esa modalidad, además de imponer intereses difíciles de afrontar, puede poner en riesgo la integridad de quienes toman esos créditos. La situación muestra el verdadero impacto del supuesto orden fiscal que celebra el Gobierno. El superávit de Milei no se construyó solamente mediante una reducción del gasto administrativo, sino también a través del derrumbe de los salarios, la eliminación de puestos de trabajo y el deterioro de servicios esenciales. ATE denunció además el cierre y vaciamiento de organismos nacionales. La organización sostiene que los despidos no afectan únicamente a los trabajadores alcanzados, sino también a millones de personas que dependen de las prestaciones brindadas por el Estado. El desmantelamiento golpea áreas vinculadas con la salud, la seguridad social, la fiscalización laboral, la ciencia, la producción, la asistencia social y el control de sectores estratégicos. Cada oficina cerrada y cada equipo técnico desarmado reducen la capacidad estatal para garantizar derechos e intervenir frente a los abusos del mercado. El gremio vinculó el deterioro del sector público con la crisis general del empleo. Durante los últimos dos años y medio habrían cerrado más de 28.000 empresas y se habrían perdido más de 341.000 puestos de trabajo, en un escenario marcado por la recesión industrial, la apertura importadora y el desplome del consumo. La protesta también busca diferenciar a ATE de los sindicatos que mantienen canales de diálogo con la Casa Rosada. Aguiar cuestionó a los dirigentes que se reúnen con funcionarios mientras se profundiza el ajuste y sostuvo que las organizaciones gremiales deben recuperar su capacidad de confrontación. El titular de ATE apuntó particularmente contra UPCN, a quien responsabilizó por acompañar acuerdos salariales insuficientes. Para el gremio convocante, la aceptación de aumentos por debajo de la inflación facilitó que el Gobierno avanzara con una reducción histórica de los ingresos estatales. La medida del 3 de agosto no será una protesta aislada. ATE también confirmó su participación en la Jornada Nacional de Lucha prevista para el viernes 7 de agosto, Día de San Cayetano, bajo las consignas de Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo. El calendario anticipa una semana de creciente conflictividad social para la Casa Rosada. A la protesta de los estatales podrían sumarse organizaciones docentes, movimientos sociales, sindicatos y sectores afectados por la pérdida de puestos de trabajo. Mientras Milei insiste en que la economía atraviesa una recuperación, los trabajadores estatales denuncian que sus salarios no alcanzan, aumenta el endeudamiento familiar y continúa la destrucción de organismos públicos. La movilización al Palacio de Hacienda buscará llevar esa realidad hasta las puertas del despacho de Caputo. El Gobierno presenta el ajuste como una batalla contra la denominada casta, pero sus consecuencias recaen sobre empleados, jubilados y familias que dependen de servicios esenciales. El paro nacional de ATE pretende exhibir esa contradicción y advertir que el costo del programa libertario ya comenzó a traducirse en una respuesta sindical cada vez más amplia.