El escándalo de la ex Agencia Nacional de Discapacidad sumó un capítulo especialmente incómodo para el Gobierno de Javier Milei. Una auditoría realizada durante la intervención del propio organismo detectó una diferencia de $158.717.131.557,63 entre dos registros internos de deuda exigible correspondientes al período que terminó el 21 de agosto de 2025, cuando Diego Spagnuolo fue desplazado de la conducción de la ANDIS. La cifra surgió al comparar la información proporcionada por la Dirección de Presupuesto y Contabilidad con la de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, el área encargada de programas como Incluir Salud. Esta última informó un volumen de obligaciones considerablemente superior y reconoció que los montos y su clasificación podían contener variaciones provocadas por errores involuntarios en la carga realizada por prestadores. La auditoría, por lo tanto, detectó una inconsistencia de enorme magnitud, aunque eso no significa por sí mismo que los $158.717 millones hayan desaparecido o sido desviados. La diferencia adquiere otra dimensión porque la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud ya se encuentra bajo análisis del fiscal federal Franco Picardi. En esa investigación se examinan presuntos sobreprecios, irregularidades en los procedimientos de compra y posibles coimas, por lo que la documentación administrativa ahora conocida puede convertirse en otra herramienta para reconstruir cómo funcionaba el organismo durante la gestión de Spagnuolo. La auditoría también encontró problemas en la forma utilizada para cancelar determinadas obligaciones. El informe cuestionó la utilización del denominado “legítimo abono”, un mecanismo que permite reconocer y pagar bienes o servicios que efectivamente fueron entregados pero cuya contratación no atravesó previamente los procedimientos ordinarios establecidos para las compras públicas. Los auditores señalaron que la ANDIS continuaba recurriendo a esa herramienta al momento del corte del relevamiento. El mecanismo no implica automáticamente un delito, pero reduce las garantías que ofrecen una licitación o un concurso competitivo. La propia normativa de contrataciones busca que diferentes proveedores puedan competir y que el Estado tenga herramientas para determinar si obtiene las mejores condiciones de precio, calidad e idoneidad. Cuando esos procedimientos se omiten, aumenta la necesidad de justificar y controlar cada gasto. Los números muestran la dimensión económica del área. Entre 2024 y el 21 de agosto de 2025, los proveedores de medicamentos e insumos recibieron $479.504 millones. La auditoría indicó además que sólo se habían iniciado seis procedimientos de compras vinculados con los servicios analizados, aunque el informe no individualizó qué pagos específicos fueron realizados mediante “legítimo abono”. Dentro de ese universo aparece nuevamente Suizo Argentina, la droguería de la familia Kovalivker que quedó involucrada en la investigación judicial. La compañía recibió $108.258 millones durante el período analizado por medicamentos correspondientes a prestaciones de alto costo y baja incidencia, conocidas como PACBI. La empresa ha rechazado las sospechas y sostiene que desarrolla sus actividades de manera lícita, por lo que será la Justicia la encargada de determinar si existieron irregularidades en esas contrataciones. El expediente judicial ya analiza operaciones concretas que despertaron sospechas por diferencias extraordinarias de precios. Entre los casos relevados aparece el Macitentan, un medicamento que llegó a registrarse a $411.764 en compulsas abiertas y cerca de $8,3 millones en compulsas reducidas durante noviembre de 2024. Esas diferencias forman parte de los elementos utilizados por los investigadores para determinar si existió un esquema de contrataciones direccionadas y sobreprecios. Las defensas rechazan esa hipótesis. El entorno de Spagnuolo sostiene que el exdirector no seleccionaba proveedores, no invitaba oferentes, no evaluaba precios ni adjudicaba órdenes de compra, mientras Daniel Garbellini, quien estaba al frente de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, negó ante la Justicia la existencia de un desvío de fondos y rechazó haber participado de un esquema de sobreprecios. El Gobierno también intenta tomar distancia de la administración anterior de la agencia. Fuentes oficiales señalaron que el Ministerio de Salud entregó a la Justicia la información requerida y continuará colaborando con la investigación. Sin embargo, la auditoría tiene una particularidad difícil de soslayar políticamente: fue realizada dentro de la propia administración libertaria y analiza el funcionamiento de un organismo que estuvo dirigido por un hombre que había mantenido una relación cercana con Milei. La investigación sobre ANDIS comenzó a adquirir dimensión política a partir de los audios atribuidos a Spagnuolo en los que se hablaba de presuntas irregularidades y aparecía mencionado el entorno presidencial. Esas grabaciones están siendo peritadas y algunas defensas cuestionan su validez, por lo que las referencias que contienen no pueden considerarse hechos probados. La causa, sin embargo, dejó de depender exclusivamente de esos audios a medida que incorporó documentación, procedimientos de compra y otros elementos administrativos. La aparición de la auditoría profundiza precisamente ese problema para la Casa Rosada. Ya no se trata solamente de conversaciones cuya autenticidad y alcance judicial continúan discutiéndose, sino de documentos elaborados dentro del Estado que muestran graves inconsistencias contables y procedimientos de contratación que los propios auditores consideraron necesario observar. El caso todavía requiere respuestas fundamentales. Hay que determinar por qué existía una diferencia superior a $158.000 millones entre las deudas informadas por dos áreas del mismo organismo, qué operaciones explican esa distancia, cuáles fueron pagadas mediante mecanismos excepcionales y si las diferencias de precios investigadas respondieron a irregularidades deliberadas o tuvieron otra explicación administrativa. La auditoría no demuestra por sí sola la existencia de corrupción ni permite atribuir responsabilidades penales individuales. Pero sí aporta datos concretos sobre una administración que manejó cientos de miles de millones de pesos destinados a personas con discapacidad y que ahora debe explicar inconsistencias de una magnitud difícil de minimizar. Para Milei, además, el problema vuelve a golpear sobre uno de los pilares de su discurso. El Gobierno que llegó prometiendo terminar con los negocios alrededor del Estado enfrenta una investigación sobre uno de sus propios organismos, mientras una auditoría oficial encuentra una diferencia de $158.717 millones y cuestiona mecanismos utilizados para pagar medicamentos e insumos. La Justicia deberá establecer si detrás de esas irregularidades administrativas existieron delitos y quiénes fueron sus responsables. Pero la Casa Rosada ya enfrenta una obligación política mucho más inmediata: explicar cómo pudo acumularse semejante desorden dentro de la ANDIS durante la gestión libertaria y por qué los controles internos no lo detectaron antes de que estallara el escándalo.Este enfoque mantiene fuerte la crítica al Gobierno, pero evita llamar “desfalco” a los $158.717 millones porque, con la información disponible, lo probado es el desfasaje entre registros; el eventual fraude y las responsabilidades penales siguen bajo investigación.       Canal WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBqLhV4tRroiQaqOB0M Y en nuestra: Red X (EX Twitter): https://x.com/El_Pulso_P