La causa Vialidad volvió a entrar en una zona de fuerte disputa judicial. Los abogados de Cristina Kirchner presentaron un nuevo informe elaborado a partir de documentación oficial de la Dirección Nacional de Vialidad y sostienen que esos datos permiten cuestionar uno de los argumentos utilizados para condenar a la expresidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La sentencia está firme, por lo que el desafío de la defensa será ahora demostrar que el material reúne las condiciones necesarias para habilitar una revisión extraordinaria del fallo. El elemento apareció de manera inesperada en otro expediente de enorme relevancia: el juicio por la causa Cuadernos. El 6 de agosto declaró allí un funcionario de Vialidad convocado como testigo por la Fiscalía y aportó una base de datos con información sobre la distribución de fondos destinados a obras durante el período comprendido entre 2009 y 2015. A partir de esos registros, los defensores Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego encargaron un análisis técnico para reconstruir cuánto dinero había recibido cada empresa. La conclusión que presentó la defensa es contundente: el Grupo Austral, vinculado a Lázaro Báez, habría recibido apenas el 0,85% de los recursos correspondientes al fideicomiso analizado. Beraldi sostiene que esa proporción contradice la hipótesis de que el decreto 54/2009 firmado por Cristina Kirchner hubiera sido diseñado específicamente para canalizar recursos hacia las empresas de Báez. La información adquiere relevancia porque ese decreto fue uno de los elementos considerados durante el juicio. La defensa sostiene que se trataba de una norma general destinada a financiar infraestructura vial y que los nuevos registros permitirían demostrar que los recursos no fueron direccionados de manera extraordinaria hacia Austral. Esa interpretación deberá ahora ser evaluada por los tribunales y no implica, por sí sola, que la condena quede invalidada. El informe presentado por los abogados también compara la participación de distintas constructoras. De acuerdo con los datos exhibidos, entre 2009 y 2015 se distribuyeron más de US$2.000 millones y Austral quedó muy lejos de los primeros lugares entre las empresas receptoras. La defensa destacó particularmente que IECSA, fundada por Franco Macri, aparece con una participación del 16,36% sobre los fondos analizados, una diferencia que utilizará para cuestionar la idea de un mecanismo nacional diseñado exclusivamente para favorecer a Báez. Pero ese punto ya abrió una fuerte controversia jurídica. Un magistrado que intervino en Vialidad sostuvo que la comparación no sería determinante porque el juicio no analizó la totalidad de la obra pública nacional, sino 51 licitaciones desarrolladas en Santa Cruz. Desde esa perspectiva, el porcentaje nacional recibido por Austral no necesariamente desarma las irregularidades que los tribunales consideraron acreditadas específicamente en esa provincia. Esa será probablemente la discusión central de la nueva batalla judicial. Para la defensa, si la acusación sostuvo que desde el Poder Ejecutivo se diseñaron mecanismos financieros destinados a beneficiar a Báez, conocer cómo se distribuyó efectivamente ese dinero a nivel nacional resulta fundamental para evaluar esa hipótesis. Para quienes defienden la sentencia, en cambio, el núcleo del expediente estuvo concentrado en la adjudicación y ejecución de las obras santacruceñas y no en la participación de Austral sobre toda la inversión vial argentina. Beraldi anticipó que el próximo movimiento será presentar un recurso de revisión. Se trata de una herramienta excepcional que permite intentar reabrir una sentencia firme cuando aparecen elementos nuevos que podrían tener relevancia sobre aquello que fue juzgado. La defensa buscará además que, mientras se analiza el planteo, se suspendan los efectos de la condena, incluida la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El objetivo político y judicial quedó expresado sin rodeos por los abogados: pretenden que la condena sea revisada, que Cristina recupere la libertad y que pueda volver a ejercer plenamente su actividad política. La expresidenta cumple prisión domiciliaria desde junio de 2025, después de que la Corte Suprema dejara firme la condena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La estrategia tendrá además un capítulo internacional. Los abogados ya llevaron el caso ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y ahora incorporarán esta documentación a esa presentación. La defensa sostiene que durante el proceso se vulneraron garantías fundamentales y pretende utilizar los nuevos datos como otro elemento para respaldar esa denuncia. La aparición de la documentación no revierte automáticamente nada de lo resuelto hasta ahora. Cristina continúa condenada por sentencia firme y será la Justicia la que determine si el material constituye efectivamente una prueba nueva, si resulta pertinente para los hechos juzgados y si posee entidad suficiente para habilitar el excepcional mecanismo de revisión. Sin embargo, el hallazgo abre una discusión que difícilmente quede limitada a los tribunales. Durante años, la causa Vialidad ocupó el centro de la confrontación política alrededor de Cristina Kirchner y fue presentada por sectores enfrentados como prueba de corrupción, mientras el kirchnerismo denunció una persecución judicial destinada a proscribir a su principal dirigente. La nueva documentación volverá a alimentar ese debate, aunque su verdadero alcance dependerá de lo que resuelvan los jueces. La defensa apuesta a una pregunta concreta: si existió una estructura nacional destinada a beneficiar económicamente a Báez, ¿cómo se explica que las empresas del empresario aparezcan con menos del 1% de los fondos analizados? La respuesta de quienes sostienen la condena también es concreta: el porcentaje nacional no elimina lo ocurrido específicamente con las licitaciones de Santa Cruz. Esa contradicción será ahora el corazón de la nueva pelea. Los abogados de Cristina consiguieron un elemento que consideran suficientemente importante como para pedir la revisión de una condena firme y llevarlo ante Naciones Unidas, pero deberán demostrar que los nuevos números afectan realmente los fundamentos jurídicos de la sentencia y no simplemente ofrecen una comparación distinta sobre la distribución nacional de la obra pública. Después de que la Corte Suprema pareciera haber cerrado definitivamente el expediente, la defensa de Cristina encontró una nueva puerta procesal. Que consiga abrirla dependerá de algo mucho más exigente que la disputa política alrededor del caso: convencer a la Justicia de que la información que apareció en Cuadernos puede cambiar aquello que se tuvo por probado en Vialidad.Esta versión mantiene un enfoque fuerte sobre la novedad favorable a la defensa, pero deja claramente diferenciados lo que sostienen los abogados, lo que está probado y la respuesta de quienes defienden la sentencia, algo clave en una causa judicial de este peso.           Canal WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBqLhV4tRroiQaqOB0M Y en nuestra: Red X (EX Twitter): https://x.com/El_Pulso_P