Tras un paro nacional que frenó el arranque del segundo cuatrimestre en más de 50 universidades, el Gobierno salió a responder con una actualizacion salarial oficial: 7,5% de aumento entre septiembre y noviembre, más un 3,95% adicional para el mes de agosto. Además, habrá sumas fijas excepcionales de $25.000 por cargo, tanto para docentes como para no docentes, con ajustes proporcionales según dedicación. La Subsecretaría de Políticas Universitarias emitió el comunicado a través del Ministerio de Capital Humano, justo cuando el conflicto escalaba con tomas, paros y marchas. Las cifras reflejan una jugada para mitigar la presión, pero quedan cortas frente a una pérdida acumulada de más del 30% en el poder adquisitivo del sector. Los gremios universitarios, lejos de bajar los brazos, ya avisaron que esta actualización “unilateral” no satisface las demandas. Denuncian que, más que un aumento, parece más bien un ajuste calculado —lento y desgastante— para calmar los ánimos institucionales sin devolverle dignidad salarial al personal. En el Congreso también recrudece el pulso por la educación pública: el 7 de agosto, los diputados aprobaron una ampliación presupuestaria para universidades que equipare los recursos con la inflación. Esa medida aguarda sanción en el Senado y probablemente choque con otro veto presidencial.   En síntesis, el Gobierno entregó respuesta salarial tras presión, pero sus cifras y tiempos son el reflejo de una estrategia calculada: apurar un dictamen que calme mientras el sistema universitario grita por financiamiento real.         Canal WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBqLhV4tRroiQaqOB0M Y en nuestra: Red X (EX Twitter): https://x.com/El_Pulso_P