Una nueva alerta sanitaria sacudió al sistema de salud argentino: la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) ordenó la suspensión de la elaboración de medicamentos de un laboratorio nacional y el retiro masivo de sus productos del mercado, luego de detectar un brote bacteriano que derivó en múltiples casos de infecciones hospitalarias. La decisión fue tomada de manera urgente tras comprobarse que al menos seis instituciones médicas de diferentes provincias reportaron infecciones inusuales en pacientes, todas relacionadas con medicamentos elaborados por el laboratorio cuestionado. Se trata de una empresa con autorización nacional, pero que opera principalmente en la producción de soluciones parenterales y antibióticos inyectables, utilizados con frecuencia en internaciones. Según el informe oficial, las inspecciones sanitarias revelaron fallas graves en las condiciones de manufactura, incluyendo procesos de esterilización defectuosos y controles de calidad ausentes o ineficientes. Esto habría permitido la presencia de bacterias patógenas en productos que debían ser estériles, lo que provocó cuadros de sepsis en pacientes internados, algunos de ellos en terapia intensiva. Fuentes del Ministerio de Salud indicaron que la decisión de suspender la producción fue “preventiva y prioritaria”, con el objetivo de evitar un problema mayor de salud pública. Además, se emitió una circular a hospitales y farmacias de todo el país para que retiren de forma inmediata los lotes sospechados y notifiquen cualquier efecto adverso detectado. En paralelo, se inició una investigación judicial para determinar responsabilidades penales y administrativas, tanto del laboratorio como de los responsables de los controles internos. “Esto no puede quedar impune”, señalaron fuentes cercanas a la ministra de Salud, que además confirmó que el Estado se constituirá como querellante en la causa si se comprueba negligencia o dolo. La medida expone una vez más las fragilidades del sistema de control sanitario argentino, justo en un momento en que la salud pública vuelve al centro de la agenda tras los recientes recortes presupuestarios y el aumento de demandas en hospitales por la crisis económica. La oposición ya salió a cuestionar al Gobierno por la falta de fiscalización previa, mientras que en el oficialismo aseguran que “se actuó con celeridad”.