El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, emitió un dictamen clave en la causa Vialidad: solicitó a la Corte Suprema de Justicia que se confirme la condena a Cristina Fernández de Kirchner y se la sentencie a 12 años de prisión por los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. El planteo ratifica la acusación original del fiscal federal Diego Luciani, quien durante el juicio oral planteó que la exmandataria lideró una estructura de corrupción institucional durante sus dos presidencias. La causa Vialidad constituye uno de los expedientes más emblemáticos y politizados de los últimos años, ya que investiga cómo se direccionaron 51 obras públicas en favor del empresario santacruceño Lázaro Báez, figura clave del entorno kirchnerista. Las obras fueron otorgadas entre 2003 y 2015, es decir, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, en una estructura que, según la fiscalía, tenía como único objetivo enriquecer de forma ilegal al contratista amigo del poder. En diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal N° 2 condenó a la expresidenta a seis años de prisión por administración fraudulenta, pero la absolvió por el cargo de asociación ilícita. Esa decisión fue apelada por el Ministerio Público Fiscal, que pidió una condena más severa, entendiendo que la exmandataria no sólo participó de las maniobras irregulares sino que las lideró como jefa de una organización delictiva desde la cúspide del poder estatal. Casal ahora respalda esa mirada. En su presentación ante la Corte, el procurador planteó que “la magnitud, extensión temporal, continuidad y coordinación de las irregularidades en la adjudicación y ejecución de obras viales en Santa Cruz permiten concluir que existió una asociación ilícita organizada desde el Estado”. En el mismo texto, remarca que “Cristina Fernández de Kirchner no pudo desconocer lo que ocurría, porque el esquema de corrupción se sostenía desde los máximos niveles del gobierno”. El dictamen se da en un contexto político álgido: con Cristina fuera de las candidaturas pero manteniendo influencia en el peronismo, y en medio de la campaña legislativa en CABA y Provincia de Buenos Aires. La reaparición judicial de la expresidenta vuelve a poner en tensión la dinámica del Frente de Todos —hoy fracturado— y aviva el debate sobre la independencia del Poder Judicial y la utilización política de las causas de corrupción. En paralelo, desde el entorno kirchnerista insisten en que se trata de una persecución judicial con motivaciones políticas. La propia Cristina Kirchner había denunciado en cadena nacional, tras el fallo de 2022, la existencia de un “lawfare” en su contra, y acusó a jueces y fiscales de responder a los intereses de la oposición y de sectores económicos concentrados. La última palabra la tendrá la Corte Suprema, que ahora deberá decidir si hace lugar al dictamen del procurador Casal, confirma la condena impuesta por el TOF N° 2, o toma un camino intermedio. El fallo podría tener un fuerte impacto en el tablero político de cara a las elecciones 2025 y, eventualmente, en el futuro judicial de la exmandataria. Mientras tanto, el caso Vialidad sigue siendo una herida abierta en la relación entre la Justicia y la política argentina. Con el nuevo dictamen, el máximo tribunal tendrá que definir no solo una sentencia, sino también una señal institucional frente a uno de los expedientes más resonantes de la historia reciente.