Movimientos sociales

Milei y Sturzenegger avanzan con un decreto que restringe el derecho a huelga y amplía los servicios esenciales

El Gobierno nacional emitió el DNU 340/2025, que amplía la lista de actividades consideradas esenciales y obliga a garantizar entre un 50% y 75% de funcionamiento durante huelgas. La medida, impulsada por el presidente Javier Milei y el ministro Federico Sturzenegger, genera rechazo en sindicatos y sectores de la oposición.

  • 21/05/2025 • 13:31

El presidente Javier Milei, junto al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, firmaron el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial. La norma amplía la lista de actividades consideradas esenciales, obligando a garantizar entre un 50% y 75% de funcionamiento durante huelgas. Esta medida ha generado críticas por parte de sindicatos y sectores de la oposición, que la consideran una restricción al derecho constitucional de huelga. 

Entre las actividades que ahora se consideran esenciales se incluyen:

  • Educación en niveles de guardería, preescolar, primario, secundario y educación especial.

  • Transporte aéreo comercial y control de tráfico portuario, incluyendo servicios como balizamiento, dragado, amarre, estiba, desestiba y remolque de buques.

  • Servicios aduaneros y migratorios, y otros vinculados al comercio exterior.

La ampliación de estas categorías implica que, en caso de huelga, las actividades mencionadas deben mantener un nivel mínimo de prestación, lo que limita la capacidad de los trabajadores para ejercer medidas de fuerza. 

Además, el decreto elimina la participación del Estado nacional en las paritarias docentes, lo que ha sido interpretado por algunos sectores como un intento de debilitar la negociación colectiva en el ámbito educativo. 

La Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) han expresado su rechazo a la medida, argumentando que vulnera derechos laborales fundamentales y que podría ser inconstitucional. Asimismo, diversos juristas y partidos de la oposición han cuestionado la legalidad del decreto y anticipan posibles acciones judiciales para frenar su implementación.

El Gobierno, por su parte, sostiene que la medida busca garantizar la continuidad de servicios esenciales para la población y evitar que las huelgas paralicen sectores clave de la economía y la sociedad. Sin embargo, la tensión entre el Ejecutivo y los sindicatos se intensifica, y se anticipan nuevas protestas y movilizaciones en los próximos días.