Los diputados y senadores de *Unión por la Patria* emitieron un enérgico comunicado repudiando la reciente resolución del *Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2)* que establecer que cualquier visita a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en su domicilio de Constitución requiere autorización judicial previa. Consideran que se trata de una medida inconstitucional que limita su función como representantes del pueblo. El TOF 2 sostuvo que, por ahora, sólo pueden ingresar al departamento de *San José 1111* personas incluidas en un listado previamente autorizado (familiares, abogados, médicos y custodios). Cualquier otra solicitud debe ser presentada formalmente por la defensa y evaluada caso por caso . Los legisladores de UxP sostienen que la exigencia de autorización judicial “agrega obstáculos” al ejercicio parlamentario y lamentaron que una instancia judicial pueda interferir en sus facultades institucionales. Señalaron que esto no tiene precedentes y marca un retroceso en las garantías democráticas tras el retorno de la democracia. En su presentación, recordaron que, como diputados y senadores, gozan de *fueros e inmunidades parlamentarias* y pueden visitar personas en arresto domiciliario sin necesidad de aviso o permiso, amparados por los artículos 67 a 69 de la Constitución. La resolución, calificada por los jueces como “manifiestamente impertinente” y “extemporánea”, rechazó el planteo de UxP por estar fuera de término y ratificó el régimen de visitas ya establecido. El caso irá a la Sala IV de la Cámara Federal de Casación, que tendrá una audiencia este *7 de julio* para definir si mantiene o modifica las condiciones impuestas. Allí, UxP defenderá que sus visitas son parte de una función de control y representación, no de carácter personal . * El TOF 2 exige autorización judicial para visitar a Cristina, incluso para legisladores. * UxP argumenta que se perjudica la función parlamentaria y se viola la división de poderes. * La justicia rechazó el planteo por extemporáneo y lo tildó de impertinente. * El conflicto se traslada ahora a Casación, con audiencia el 7 de julio.   Este enfrentamiento abre una nueva grieta institucional: ¿puede una corte judicial limitar el acceso legitimo de diputados y senadores a su principal referente política en prisión domiciliaria? La definición en la Casación marcará un hito en el equilibrio entre poderes en Argentina.