La escena es de película: una funcionaria pública, detenida por haber presuntamente arrojado bolsas con estiércol frente a la casa del diputado libertario José Luis Espert, es enviada al penal de Ezeiza tras negársele la excarcelación. La protagonista es *Alesia Abaigar*, directora de Sensibilización y Promoción de Derechos del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, una figura conocida en el ámbito estatal y militante con peso dentro del kirchnerismo. Según la Justicia, existen elementos que la vinculan con el hecho ocurrido el lunes 23, cuando al menos seis personas descendieron de una camioneta y dejaron desechos orgánicos junto con un cartel insultante frente al domicilio de Espert. La medida judicial, firmada por la jueza Sandra Arroyo Salgado, remarcó que el hecho fue premeditado y organizado, y que la liberación de la acusada podría entorpecer la investigación. Pero el caso escaló rápidamente del fuero penal al terreno político. Desde el peronismo no tardaron en calificar la detención como una “persecución ideológica”, con fuertes críticas al Gobierno nacional. Referentes como Lucía Cámpora, Anabel Fernández Sagasti y Lorena Pokoik hablaron de “presa política” y señalaron directamente a *Patricia Bullrich, Javier Milei, Espert y la propia jueza Arroyo Salgado* como responsables de una maniobra de disciplinamiento. Abaigar padece una enfermedad autoinmune que afecta sus pulmones. En su indagatoria relató que debe evitar ambientes húmedos y con humo, y que requiere tratamiento médico constante. A pesar de ello, fue trasladada a una unidad del Servicio Penitenciario Federal con hospital intramuros. La defensa, encabezada por Daniel Llermanos, prepara una conferencia de prensa y anticipó una apelación, calificando el caso como “una detención ilegal” por un hecho que “como mucho, es una contravención”.   Pero el trasfondo es más profundo. La detención de una funcionaria por un acto de escarnio público activó la línea dura del oficialismo libertario y abrió una nueva grieta judicial. Mientras el Gobierno se muestra inflexible frente a lo que considera una “provocación antidemocrática”, desde el peronismo apuntan a un uso político de la Justicia para mandar mensajes al corazón del aparato kirchnerista. La cercanía del episodio con el fallo de la Corte Suprema que confirmó la condena de Cristina Kirchner en la causa Vialidad no pasó desapercibida. Tampoco, el discurso reciente de Espert en la Universidad Católica, donde lanzó duras críticas a Florencia Kirchner, provocando el repudio incluso de esa casa de estudios. Todo esto convierte al caso Abaigar en una pieza más de un engranaje que ya está en movimiento: la judicialización de la política y la politización de la justicia. El lunes 30 a las 8 de la mañana, frente a Tribunales, el peronismo buscará convertir la conferencia en acto político. Mientras tanto, Alesia Abaigar duerme en Ezeiza. No por corrupción, no por enriquecimiento ilícito, no por una causa compleja. Por estiércol en la vereda de un diputado. Pero con olor —según el kirchnerismo— a otro tipo de operación.