El ajuste no se toma descanso. Mientras la tinta del veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria todavía no se seca, el oficialismo ya planifica un nuevo golpe al bolsillo de los argentinos: el Presupuesto 2026. Lo que debería ser una herramienta de planificación para garantizar derechos, empleo e inversión pública, se convirtió —en manos del Gobierno libertario— en otro instrumento de castigo contra las provincias, la clase media y los sectores populares. Lejos de escuchar el reclamo del Congreso y de los gobernadores, Javier Milei vuelve a redoblar la apuesta. El borrador que ya circula en el Senado proyecta una poda brutal de partidas presupuestarias: recorte a los subsidios al transporte, obras públicas paralizadas, fondos educativos congelados y ajuste en las transferencias sociales. Una lógica fiscalista que no tiene en cuenta el hambre, el desempleo, ni el deterioro generalizado de los servicios básicos en el interior del país. El mensaje es claro: o se subordinan al modelo Milei o las provincias quedarán a la intemperie. Esa es la amenaza velada que el Gobierno lanza a los mandatarios provinciales, incluso a aquellos que hasta hace poco mantenían un canal de diálogo con la Casa Rosada. Pero la paciencia se acaba. Desde el norte al sur del país, los gobernadores advierten que este presupuesto no solo es inviable, sino también injusto y cruel. El principal arquitecto de este ajuste silencioso tiene nombre y apellido: Luis Caputo. Como ministro de Economía, es quien diseña el presupuesto nacional y define cada peso que llega —o deja de llegar— a las provincias. Bajo su mando, el Ministerio recortó partidas clave que afectan desde el transporte público hasta la infraestructura escolar y sanitaria en el interior del país. Con el aval político de Javier Milei, Caputo ejecuta una hoja de ruta que prioriza el equilibrio fiscal a cualquier costo, sin medir el impacto humano. Mientras las provincias se vacían, él garantiza que los números cierren en la planilla de Excel, aunque la realidad se desangre en las calles.                         La oposición en el Senado, fortalecida por la reciente sesión en defensa de los jubilados, ya se prepara para dar la batalla. El objetivo: frenar un plan que solo busca garantizar el “déficit cero” a costa de los derechos de millones. Incluso senadores moderados reconocen que el ajuste libertario está llegando a un límite social explosivo. Mientras tanto, el pueblo vuelve a quedar en el último renglón de las prioridades oficiales. Las promesas de libertad, crecimiento y estabilidad chocan de frente con la realidad: salarios pulverizados, universidades al borde del cierre, hospitales sin recursos y una economía paralizada. En este escenario, el Presupuesto 2026 no es una hoja de ruta, sino una advertencia: el ajuste no terminó, recién empieza. Y el costo, una vez más, lo pagará la gente.       SEGUINOS EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP PARA ESTAR SIEMPRE ACTUALIZADO https://whatsapp.com/channel/0029VbBqLhV4tRroiQaqOB0M