La situación del IOSEP (Instituto de Obra Social del Empleado Provincial) se volvió insostenible. Con más de 300.000 afiliados en todo Santiago del Estero, la obra social estatal atraviesa una de sus peores crisis en décadas: falta de prestaciones, demoras eternas en autorizaciones médicas, ausencia de cobertura para discapacitados, personas con enfermedades crónicas e internaciones domiciliarias que quedan libradas a la buena voluntad de las familias. Un cuadro dramático, donde los más vulnerables son quienes más sufren la desidia. Sin embargo, mientras los afiliados de a pie padecen el destrato, los altos mandos de la obra social parecen vivir en una realidad paralela. La llamada “Academia de Capacitación” del IOSEP continúa funcionando a pleno, ofreciendo a su personal cursos de “manejo del estrés”, “técnicas de yoga” y “mindfulness en contextos laborales”, una serie de capacitaciones que, lejos de responder a las urgencias del sistema de salud, representan una postal grotesca de la desconexión entre las autoridades y la base afiliada. Los testimonios son cada vez más contundentes. Pacientes con diabetes que no acceden a insumos básicos, jubilados sin acceso a especialistas, madres con hijos con discapacidad que deben cubrir de su bolsillo sesiones de terapia esenciales. Mientras tanto, desde IOSEP continúan ampliando convenios con entidades privadas —algunos de ellos sospechados de vínculos políticos— sin que se vea un impacto real en la atención de los afiliados. Un de estos testimonios llegó a El Pulso Político; es el de una docente jubilada de 62 años afiliada al IOSEP, esperaba desde hacía tres meses la autorización para una cirugía de vesícula programada. La obra social le había prometido una pronta respuesta, pero la burocracia fue implacable. Mientras los expedientes “seguían en trámite”, Marta sufrió una peritonitis por complicaciones derivadas de la demora. Fue internada de urgencia en el hospital regional, donde la atendieron sin cobertura y los hijos debieron salir a pedir plata para cubrir la operación. “Yo trabajé toda mi vida y hoy no tengo ni derecho a una cirugía simple”, dijo desde su cama, con suero en una mano y la indignación atragantada en la garganta. En este contexto, crecen las denuncias por la falta de transparencia en los contratos y la asignación presupuestaria. En algunos sectores comenzó a hablarse de una “privatización encubierta” del sistema de salud santiagueño, donde convenios con prestadores cercanos al oficialismo nacional reemplazan el acceso igualitario a la atención. Cabe recordar que IOSEP es la principal obra social en Santiago del Estero y cubre al 90% de la población económicamente activa de la provincia. Lo que sucede en su interior no es un tema aislado o sectorial: tiene consecuencias directas en la vida cotidiana de cientos de miles de trabajadores, jubilados y familias enteras. En este contexto de ajuste brutal, donde el Estado nacional recorta fondos a las provincias las gestiones locales se alinean sin chistar. No es nuevo, sino sistemático durante la gestión de Ayuch. Por lo que periódicamente los colegios profesionales terminan por cortar servicios ante el alevoso retraso en los pagos. El caso IOSEP se convierte en una muestra paradigmática de cómo se gestiona —o se abandona— la salud pública en la Argentina actual. Porque mientras algunos meditan, otros rezan por una receta.     SEGUINOS EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP PARA ESTAR SIEMPRE ACTUALIZADO https://whatsapp.com/channel/0029VbBqLhV4tRroiQaqOB0M