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Milei no afloja: apelará el fallo que frenó el cierre de Vialidad

El Gobierno ratificó que irá a la Cámara para intentar sostener el DNU que disolvía Vialidad Nacional. La Justicia lo había suspendido por atentar contra la ley y el interés público. En Casa Rosada insisten con una reforma “estructural” que esconde un feroz ajuste.

  • 18/07/2025 • 06:47


Lejos de acatar el freno judicial, el Gobierno de Javier Milei redobla la apuesta. En su habitual conferencia, el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que apelarán el fallo que suspendió el artículo del DNU 70/2023 que disolvía la Dirección Nacional de Vialidad. La decisión fue tomada por el Juzgado Federal de San Martín, que consideró inconstitucional e inconsulto el cierre de un organismo clave para la obra pública nacional. (podés leer: ¨Golpe judicial a Milei: frenaron la disolución de Vialidad Nacional¨).

La ofensiva de la Casa Rosada se da en medio de un creciente deterioro en la infraestructura vial del país y múltiples denuncias de provincias por abandono de rutas y obras paralizadas. Pese a ello, el oficialismo insiste en que el cierre de Vialidad forma parte de una “reorganización eficiente del Estado”, eufemismo con el que se enmascara un brutal recorte presupuestario.

 

       El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó en X que el Gobierno apelará la suspensión del decreto que disolvió Vialidad Nacional.

 

Adorni afirmó que "no existe una intención de desproteger a los ciudadanos" y que “el proceso de reestructuración debe seguir su curso”, pese al fallo que cuestionó tanto la forma como el fondo del decreto. La Justicia, en cambio, fue tajante: disolver Vialidad sin ley del Congreso atenta contra la institucionalidad y viola derechos laborales de más de 4.000 empleados.

La jugada de Milei tensiona aún más su vínculo con los gobernadores, especialmente del norte y sur del país, donde el rol de Vialidad es central para mantener rutas, caminos y accesos productivos. Además, deja en evidencia una constante del oficialismo: ante cada revés judicial, la respuesta es la confrontación, no la revisión de sus políticas.

La apelación que ahora se prepara será un nuevo test institucional: si la Cámara Federal convalida el DNU, se habilitará un precedente de concentración de poder sin debate parlamentario. Si lo rechaza, el Gobierno sufrirá un duro golpe político en su cruzada por desmantelar el Estado.

Mientras tanto, las rutas se deterioran, las provincias reclaman, y el ajuste sigue cayendo sobre quienes menos margen tienen para resistirlo.

 

 

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