Javier Milei volvió a mostrar con crudeza su idea de libertad: libertad para ajustar sin contemplaciones. Esta vez, el recorte cayó sobre uno de los sectores más indefensos de la sociedad: las personas con discapacidad. Según informó el propio Gobierno, fueron suspendidas o dadas de baja más de 80.000 pensiones no contributivas por invalidez. Una medida que, bajo la bandera de la "eficiencia del gasto", implica un recorte de $23.000 millones. Desde el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, aseguran que se trata de una "depuración del padrón" y que los casos serán revisados individualmente. Pero las organizaciones que trabajan con personas con discapacidad ya alertaron sobre la arbitrariedad del proceso y el impacto inmediato que esto tiene en miles de familias que dependen de esa asistencia para sobrevivir. Los afectados no sólo pierden el ingreso mensual, sino también la cobertura médica que otorga la pensión a través de la Agencia Nacional de Discapacidad. En muchos casos, son tratamientos, medicación o acompañamientos que no pueden ser afrontados de forma particular. El recorte no sólo es económico: es sanitario, social y profundamente humano.                                        Mientras Milei celebra un supuesto ahorro de $23 mil millones, lo que queda al desnudo es un modelo que prioriza el ajuste por sobre cualquier parámetro de justicia social. Los grandes jugadores económicos siguen sin aportar, pero el látigo cae sobre los más débiles. Es el ajuste más fácil y más cruel. La motosierra del Gobierno sigue avanzando sin sensibilidad ni estrategia a largo plazo. Porque cuando se recortan derechos esenciales, no se ordena el Estado: se lo deshumaniza.       ¡No te pierdas ningún detalle de la política argentina y mundial! Síguenos en nuestro canal de WhatsApp: Canal WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBqLhV4tRroiQaqOB0M Y en nuestra: Red X (EX Twitter): https://x.com/El_Pulso_P