El Ejecutivo de Javier Milei oficializó este jueves el Decreto 524/2025, que reglamenta el acceso a la ciudadanía argentina para extranjeros que realicen “inversiones relevantes” en el país, sin necesidad de residir siquiera un día en territorio local. La medida amplía el decreto 366/2025 que ya preveía la figura de "ciudadano por inversión", y crea la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, un organismo dependiente del Ministerio de Economía encargado de evaluar las solicitudes, recibir informes de entidades como la SIDE y RENAPER, y coordinar con Migraciones para aprobar o rechazar las solicitudes. Aunque el decreto no define un monto mínimo, múltiples fuentes vinculadas al armado oficial hablan de inversiones desde US$500.000 en sectores como energía, agro, turismo y tecnología, siguiendo el modelo de ciudadanía por inversión global que funciona en países como Malta o Vanuatu. La normativa elimina además el requisito de residencia mínima, lo que permite acceder al pasaporte sin pisar el país. La trascendencia es clara: abrir la nacionalidad a quien tenga dinero por sobre cualquier investidura simbólica, vínculos o integración real. Desde la oposición advierten que el mecanismo configura una “nacionalidad de escritorio”. Se critica especialmente que la ciudadanía sea otorgada por capacidad económica, mientras millones de migrantes con años de residencia y arraigo continuado enfrentan trabas para acceder a derechos básicos como trabajo, salud o vivienda. El argumento oficial resalta el objetivo de atraer capital y generar empleo, pero también abre el interrogante sobre quién define qué son inversiones “relevantes” y qué impacto tendrán en la seguridad nacional. Según los considerandos, la agencia validará que no exista “riesgo para los intereses del Estado”, una revisión sujeta a discrecionalidad política. El cambio institucional llega en paralelo a otras medidas migratorias restrictivas del gobierno: límites más estrictos a los permisos de residencia, deportaciones aceleradas y condiciones más duras para quienes ingresan al país y demandan servicios públicos. Este esquema supone una recompra de la categoría de ciudadano: quien paga por la inversión recibe automáticamente pertenencia, mientras migrantes con años de vida en Argentina pueden quedar relegados sin amparo. La contradicción es política y simbólica: un pasaporte para quien pague, no para quien construyó. ¿Qué significa esta medida? Un quiebre en el sentido republicano de ciudadanía y voluntad colectiva: ahora valdrá más el dinero que el arraigo. Un paso más en la lógica neoliberal del Estado: menos integración social, más capital extranjero sin fiscalización real. Una política que abre paso a redes de influencia global —rutas administrativas, fiscalidad especial, puertas giratorias— centradas en la élite inversora. En definitiva, con esta reforma Argentina redefine quién puede ser ciudadano siguiendo un criterio: aquel con plata. La responsabilidad política será visible a corto plazo: ¿qué significa ser argentino en este nuevo régimen?       ¡No te pierdas ningún detalle de la política argentina y mundial! Síguenos en nuestro canal de WhatsApp: Canal WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBqLhV4tRroiQaqOB0M Y en nuestra: Red X (EX Twitter): https://x.com/El_Pulso_P