Con esta decisión, el Gobierno reafirma que el ajuste es su bandera, incluso si eso implica dejar a millones de personas sin un resguardo mínimo frente a la crisis. En paralelo, el Ejecutivo trabaja en silencio para blindar el veto en la Cámara de Diputados. La jugada no es nueva: ya el año pasado Milei logró sostener su decisión gracias al respaldo de un grupo de legisladores alineados con su proyecto, los llamados “87 héroes”, y ahora apuesta a repetir la fórmula. Para ello, La Libertad Avanza busca sumar a los “radicales con peluca” y otros bloques menores que funcionen como sostén parlamentario, con la mira puesta en evitar los dos tercios que necesitaría la oposición para revertir la medida. La decisión de vetar las leyes aprobadas por amplia mayoría en el Congreso no es solo fiscal. Es profundamente política. En medio de la campaña electoral, Milei eligió pararse una vez más sobre la lógica de la motosierra: recortar el gasto sin mirar las consecuencias humanas. El Presidente y su círculo más cercano insisten en que no hay margen para nuevas erogaciones, aun cuando las leyes vetadas planteaban respuestas urgentes para jubilados que cobran la mínima y personas con discapacidad sin cobertura suficiente. La oposición, por su parte, evalúa cómo capitalizar el costo político del veto. Si bien reconocen que será muy difícil reunir los votos para revertir la decisión en Diputados, ya se preparan para impulsar una fuerte ofensiva discursiva que exponga el impacto del ajuste sobre los sectores más postergados. El objetivo será que cada peso negado a un jubilado se traduzca en votos perdidos para el oficialismo. Este nuevo episodio también deja al descubierto los límites de la gobernabilidad del actual gobierno. Milei logró blindarse por ahora con alianzas frágiles, basadas en oportunismo legislativo más que en convicciones compartidas. Pero esa ingeniería parlamentaria no alcanza para sostener una legitimidad política que empieza a erosionarse cuando las decisiones golpean tan directamente a los más débiles.                   Mientras tanto, las organizaciones de discapacidad, los centros de jubilados y los sindicatos del sector previsional ya comenzaron a organizarse para resistir la avanzada oficialista. Y si algo quedó claro en los últimos meses, es que el Congreso no está dispuesto a ser una escribanía de Casa Rosada. Por más blindaje político que consiga Milei, la calle también juega su partido. En definitiva, lo que está en juego no es solo una ley, sino una idea de país. Un país donde los derechos sociales se respetan o se pisotean según la voluntad del Presidente. El veto a los jubilados y a las personas con discapacidad marca un antes y un después. Porque ajustar sobre los que menos tienen no es solo una decisión de gobierno: es una declaración de principios. Y Milei, con su firma, acaba de dejar bien claro cuáles son los suyos.       Canal WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBqLhV4tRroiQaqOB0M Y en nuestra: Red X (EX Twitter): https://x.com/El_Pulso_P