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Bullrich acusa impunidad juvenil; Alonso responde.

El cruce entre Patricia Bullrich y el ministro de Seguridad de Axel Kicillof por los menores que delinquen. La ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, encendió la polémica luego de criticar duramente el sistema judicial bonaerense tras el asesinato de una mujer en Villa Luzuriaga cometido por dos menores. Javier Alonso, titular de la cartera de seguridad bonaerense le respondió en duros términos

  • 20/08/2025 • 08:05

                       El tuit de la ministra

Bullrich tuiteó que en la provincia “un asesino de 17 años puede robar, matar y después irse a dormir como si nada”. Amplió su crítica al señalar: “Después de dispararle a quemarropa, fueron a un supermercado como si nada. Ahora ya están identificados, y fueron entregados por sus propias madres”  .
 

La respuesta del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, no se hizo esperar. Lo calificó directamente como una “mentirosa e irresponsable”, y enfatizó: “En la Provincia de Buenos Aires los menores de 17 años son punibles por la ley cuando cometen delitos graves”. Además remarcó la eficacia judicial: “El homicidio fue esclarecido y los responsables detenidos por la Policía bonaerense”  .
 

Alonso fue más allá y reclamó que Bullrich deje de utilizar “el dolor de las víctimas para hacer campaña electoral”, sugiriendo que si realmente le importaba la seguridad debería dedicarse a trabajar o, en su defecto, renunciar para ser candidata “y lavarse las manos definitivamente”  .
 

Este cruce político más que revelar una disputa por la seguridad, expone diferencias ideológicas y de estilo que atraviesan a todo el tablero electoral. Bullrich, en su rol, parecer buscar polarizar a través de la indignación emergente —con frases duras como “irse a dormir como si nada”— parece no reparar en que exacerbar el dolor puede terminar siendo electorera, y no propuesta. Alonso, por su parte, defiende la estructura institucional, incluso en un caso criticable, y acusa el uso político oportunista del sufrimiento social.
 

Si hablamos de responsabilidad pública, no basta con señalar fallos: el desafío es construir alternativas de seguridad sin convertir las tragedias en espectáculos. En un país donde el delito genera alarma, el gobierno nacional parece más interesado en ganar ruido que en promover reformas. Y el provincial, en contrapartida, carga con el costo institucional de una gestión que, aún con sus gravámenes, responde. La pregunta queda abierta: cuando el dolor de las víctimas se convierte en capital político, ¿quién se responsabiliza por el desgaste del sistema?

 

 

 

 

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