El fallo de la Corte Suprema que confirmó la condena a Cristina Kirchner por corrupción en la causa Vialidad sigue generando réplicas en todo el arco político y judicial. En las últimas horas, jueces de distintos puntos del país publicaron un documento conjunto en respaldo al presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, quien denunció haber recibido amenazas luego de conocerse la sentencia contra la ex vicepresidenta. La declaración fue impulsada por las Juntas Federales de Cortes y Superiores Tribunales provinciales, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, y otras entidades que nuclean a jueces del país. El texto expresa un "enérgico repudio a cualquier manifestación de violencia o amenaza" dirigida a los integrantes de la Corte Suprema, especialmente a su titular. "Los ataques personales a los magistrados atentan contra el Estado de Derecho y buscan intimidar el normal funcionamiento de la Justicia", señalaron los firmantes, quienes además remarcaron la necesidad de resguardar la independencia del Poder Judicial "como pilar esencial de la República". En los últimos días trascendió que Rosatti recibió mensajes intimidatorios a través de redes sociales y canales privados, situación que fue denunciada formalmente ante las autoridades competentes. A raíz de estos hechos, la Policía Federal reforzó la custodia del presidente de la Corte y de su familia. El fallo contra Cristina Kirchner no solo agitó el clima político en el oficialismo y la oposición, sino que también generó tensión en la relación entre los poderes del Estado. Desde el kirchnerismo duro surgieron críticas muy duras contra los jueces de la Corte, a quienes acusan de "proscripción judicial", mientras que sectores oficialistas más moderados apelaron a la cautela. Por su parte, las organizaciones de magistrados insistieron en que "el ejercicio de la función jurisdiccional no puede ser condicionado por la presión pública o la amenaza" y reclamaron garantías para que los jueces puedan actuar "con plena libertad e independencia". El comunicado incluyó las firmas de representantes de todos los fueros: penal, civil, laboral y contencioso-administrativo, tanto de la Justicia nacional como de las provincias. Mientras tanto, en el entorno de Rosatti aseguran que el magistrado "se mantiene firme" en su decisión y que no permitirá que las amenazas alteren su desempeño en la Corte. La causa penal por las intimidaciones ya está en manos de la Justicia federal.