El ataque con excremento al domicilio del diputado José Luis Espert no fue un hecho aislado ni una travesura militante: la Justicia acaba de procesar a dos funcionarias del arco kirchnerista por su participación directa en el escándalo. Se trata de Alesia Abaigar, directora provincial en el gobierno de Axel Kicillof, y Eva Mieri, concejal de Quilmes e histórica referente de La Cámpora. (podés leer: ¨Eva Mieri libre: "No nos van a quebrar, seguimos organizades"¨). La decisión fue tomada porla jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien avanzó en la causa por “daño agravado” tras reunir pruebas y testimonios que complican a las dos dirigentes. El episodio, ocurrido el 28 de junio, incluyó pintadas, amenazas y la utilización de heces arrojadas contra la vivienda particular de Espert, en un acto que conmocionó incluso dentro del oficialismo. El juez fue contundente: entendió que no se trató de una expresión política desbordada sino de un acto planificado con intencionalidad de amedrentamiento. A las dirigentes se les trabó un embargo económico y podrían enfrentar penas de prisión si prospera la acusación. El hecho había generado fuertes reacciones públicas. Desde el entorno de Espert lo calificaron como “terrorismo callejero” y varios referentes oficialistas evitaron pronunciarse, pese a que las implicadas ocupan cargos públicos. Ni el gobernador Kicillof ni la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, salieron a respaldarlas públicamente ni a condenar el ataque. El episodio se suma a una serie de tensiones crecientes entre el oficialismo y sectores libertarios, en un clima de polarización permanente que naturaliza los discursos de odio y la violencia simbólica. Lo llamativo es que ahora las consecuencias alcanzan a cuadros de La Cámpora y del gobierno bonaerense, dos espacios que, ante el avance judicial, optaron por el silencio. La causa judicial sigue avanzando y no se descarta que en los próximos días haya más involucrados. Mientras tanto, el episodio vuelve a poner sobre la mesa los límites del activismo político, los métodos de presión utilizados desde algunos sectores militantes y la responsabilidad institucional de quienes, ocupando cargos públicos, cruzan la raya. En tiempos donde la política demanda responsabilidad, el ataque a Espert y sus consecuencias judiciales son una señal de alarma. La militancia no puede ser excusa para justificar hechos violentos, y menos aún cuando quienes los protagonizan son parte del Estado.       ¡No te pierdas ningún detalle de la política argentina y mundial! Síguenos en nuestro canal de WhatsApp: Canal WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBqLhV4tRroiQaqOB0M Y en nuestra: Red X (EX Twitter): https://x.com/El_Pulso_P