La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, volvió a mostrar el costado más autoritario del gobierno de Javier Milei. Esta vez, su blanco fue Pablo Toviggino, el tesorero de la AFA, a quien le exigió retractarse por sus críticas hacia el oficialismo, amenazándolo incluso con el “derecho de admisión”, como si se tratara de un barra brava y no de un dirigente que ejerce su derecho constitucional a opinar.                                La escena es tan grotesca como alarmante: una funcionaria pública que intenta callar a un dirigente deportivo con una carta documento, simplemente por expresar lo que millones piensan. Toviggino, lejos de retroceder, respondió con una carta fulminante en la que reivindicó su derecho a decir lo que piensa, calificó de “tragicómica” la reacción de Bullrich, y recordó que la ministra no es precisamente la más indicada para hablar de violencia: “Su propio presidente dijo que usted fue terrorista y puso bombas en jardines de infantes”, le lanzó.                                                      El conflicto escaló porque no se trata solo de una disputa entre una ministra y un dirigente. El trasfondo es mucho más profundo: es la avanzada del gobierno contra quienes se oponen a sus planes de privatización del fútbol argentino a través del modelo de las SAD. Toviggino no se calla y eso molesta. Por eso lo persiguen. Porque representa una voz incómoda para el poder de turno. Porque no responde ni a empresarios ni a embajadas. La respuesta popular no tardó en llegar. En redes sociales, cientos de hinchas comenzaron a convocar a cacerolazos frente al Ministerio de Seguridad y a organizar banderazos en defensa de la AFA. “Si tocan a Toviggino, tocan al fútbol”, se repite como consigna en grupos de WhatsApp, redes sociales y foros de clubes. El repudio trasciende colores: Boca, River, San Lorenzo, Talleres, Central, Ferro, clubes de todo el país expresaron su apoyo. Porque lo que está en juego no es una camiseta: es la libertad de opinar sin ser silenciados. En este contexto, el silencio de otros funcionarios del gabinete resulta atronador. Ni el Presidente Milei ni otros miembros del gobierno salieron a calmar las aguas o a desmentir la amenaza. Por el contrario, la orden parece clara: acallar a quienes se plantan. La lógica libertaria se vuelve autoritaria cuando alguien les discute. “Me reservo todos mis derechos constitucionales para seguir diciendo lo que pienso”, escribió Toviggino. Una frase que no solo lo defiende a él, sino a todos los que día a día se ven amenazados por pensar distinto. Una advertencia y un llamado: no van a callar al fútbol. No van a callar al pueblo.                           Resulta escandaloso el doble rasero del gobierno nacional. Mientras Patricia Bullrich envía cartas documento a Toviggino por ejercer su derecho a la libre expresión, no tiene ni una palabra de condena para los dichos violentos de su propio jefe político. En el reciente “Córdoba Fest”, Javier Milei tildó públicamente a la vicepresidenta Victoria Villarruel de “bruja traidora” y la llamó “morsa inmunda”, frente a miles de seguidores. (podés leer: ¨ Derecha Fest: Milei desató su lado más autoritario y anti-Villarruel¨). ¿Eso no merece censura, advertencia o derecho de admisión? ¿O la libertad de expresión solo corre cuando los agravios vienen desde arriba? La ministra, en silencio, avala un discurso misógino y brutal, pero se escandaliza cuando alguien desde el fútbol dice lo que piensa.     ¡No te pierdas ningún detalle de la política argentina y mundial! Síguenos en nuestro canal de WhatsApp: Canal WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBqLhV4tRroiQaqOB0M Y en nuestra: Red X (EX Twitter): https://x.com/El_Pulso_P