El ministro Federico Sturzenegger había anunciado la desregulación del INTI   La Justicia le volvió a poner un límite al Gobierno de Javier Milei. Esta vez, el golpe fue contra uno de sus intentos de desmantelamiento institucional: la jueza federal de San Martín, Martina Isabel Forns, dictó una medida cautelar que frena por seis meses los cambios dispuestos por el Poder Ejecutivo sobre el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). En concreto, el fallo impide cualquier modificación administrativa en su estructura —como despidos, fusiones, traslados o alteraciones funcionales— que derive de la resolución que pretendía degradarlo y quitarle su carácter descentralizado y autárquico. El trasfondo de la medida es una política deliberada del gobierno nacional para vaciar los organismos técnicos y científicos del Estado, a los que considera parte de lo que denomina “la casta parasitaria”. El INTI, fundado en 1957, es uno de los institutos más prestigiosos de América Latina en lo que respecta a investigación, desarrollo e innovación industrial. Pero también es, desde la óptica libertaria, una estructura incómoda: tiene casi 3.000 trabajadores y un fuerte compromiso con el entramado productivo pyme, algo que choca de frente con el modelo de apertura indiscriminada y liberalización que impulsa el oficialismo. En los últimos meses, los empleados del INTI venían denunciando el vaciamiento progresivo del organismo. Las protestas se multiplicaron cuando el Gobierno avanzó con una resolución para convertir al instituto en una entidad “desconcentrada”, lo que implicaría, en los hechos, perder su capacidad operativa, técnica y presupuestaria. En paralelo, hubo despidos, recortes y represión a trabajadores, como ocurrió el 7 de julio, cuando efectivos policiales impidieron violentamente una manifestación de ATE sobre la avenida General Paz. La decisión de la jueza Forns, en ese marco, sienta un precedente importante. No sólo por el freno concreto al plan de ajuste sobre el INTI, sino porque reconoce que cualquier modificación de esta magnitud exige una intervención del Congreso, dado que se trata de una entidad creada por ley. En otras palabras: el fallo le recuerda al Ejecutivo que no puede gobernar por decreto sobre organismos que tienen sustento legislativo.                          “Presidente Javier Milei, para asegurar el plan colonial que le encargaron, usted se propone aniquilar la industria y la producción, pero no va a poder. Federico Sturzenegger (ministro de Desregulación y Transformación del Estado), te digo que son bastante inútiles eh. Ni las facultades delegadas supieron utilizar. Uno por uno vamos a voltear tus decretos truchos”, advirtió Aguiar en su cuenta de X, poco después de que se conociera el fallo. Desde ATE y otras organizaciones sindicales celebraron la decisión judicial como un triunfo de los trabajadores y de la soberanía tecnológica nacional. “El INTI no se vende, no se cierra, no se toca”, fue una de las consignas que volvió a resonar en las puertas del instituto. También alertaron que lo ocurrido forma parte de una avanzada mayor que ya afectó al INTA, al Conicet, al Senasa y a múltiples áreas estratégicas del Estado. En definitiva, el revés judicial al gobierno no es un hecho aislado: es otra expresión del rechazo social, institucional y judicial a un modelo que busca destruir las bases del Estado nacional. Y si algo quedó claro con este fallo, es que hay resistencias firmes que no están dispuestas a permitir que la motosierra arrase con todo.     ¡No te pierdas ningún detalle de la política argentina y mundial! Síguenos en nuestro canal de WhatsApp: Canal WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBqLhV4tRroiQaqOB0M Y en nuestra: Red X (EX Twitter): https://x.com/El_Pulso_P