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Bullrich aprieta al interior del Estado: dice no a la política policial

Mientras avanzan despidos y ceses en la Policía Bonaerense por apoyo a candidatos libertarios, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich dio declaraciones distantes: rechaza que las fuerzas jueguen roles políticos, aunque sus propias decisiones empujan justo eso.

  • 03/08/2025 • 09:00

                    Maximiliano Bondarenko
                    El caso Bondarenko (leé: ¨Kicillof limpia la Bonaerense por vínculos con ex comisario de Milei¨).
 

Patricia Bullrich aseguró estar “en desacuerdo con que la Policía haga política”, una frase aparentemente progresista que choca con la realidad que ella misma consentido. La ministra cuestionó los despidos de efectivos bonaerenses que mostraron apoyo público al candidato libertario Maximiliano Bondarenko: “Haber comenzado una campaña en PBA echando policías no va, es muy desleal”, dijo, cuestionando lo que calificó como un uso político de las fuerzas.  (Podés leer: ¨Bullrich se muestra con candidato Bondarenko en plena puja por la Bonaerense¨). 

Bullrich subraya que los agentes tienen derechos constitucionales al actuar en su vida privada y advierte que “exagerar” para perjudicar candidatos refuerza su imagen. Pero su propia gestión como ministra del gobierno de Javier Milei no se limitó a gestos. Despidos, persecuciones y espionaje interno han sido parte del modus operandi de su gestión. ¿Es posible rechazar “la política policial” desde un Ministerio que la practica?  

Durante su gestión, Bullrich adoptó una política de mano dura, heredada del macrismo, con protocolos que ampliaron el poder de la represión y limitaron el derecho a la protesta y la expresión pública. Su responsabilidad incluye casos emblemáticos de espionaje ilegal, represión sindical y protocolos antipiquetes fuertemente cuestionados por organizaciones de derechos humanos.  

La contradicción aparece en el contraste entre su discurso y su estilo de gobernar: mientras Bullrich persigue intimaciones e intervenciones políticas internas dentro de fuerzas federales, declara abstenerse de politizar a la policía. Una lógica que expone que la política de seguridad bajo este gobierno no solo responde a frialdad ideológica, sino también a una estrategia de disciplinamiento institucional.

En definitiva, las palabras de Bullrich suenan huecas cuando el mismo Ministerio que dirige actúa como un agente político extenso y organizado en todo el país. Apuntar contra la “política policial” mientras se usa la fuerza para intervenir en candidaturas demuestra que bajo esta gestión, el poder opera por fuera —y por encima— de los principios constitucionales que presume defender.

 

 

 

 

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